La crisis en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) sigue complicándose. Este jueves por la mañana, el grupo parlamentario de Junts per Catalunya ha anunciado que impulsará una comisión de investigación en la cámara para esclarecer el embrollo en la DGAIA, el cual se ha agravado aún más después de conocerse que una menor tutelada sufrió abusos. Además, la Generalitat también ha abierto un expediente a este organismo y la Oficina Antifraude, entre otros, también ha puesto el ojo sobre la institución por las prestaciones a jóvenes extutelados, la contratación y la distribución de subvenciones. Además, la síndica de agravios también ha abierto una actuación de oficio por el caso de agresiones y explotación sexual de la menor tutelada. La DGAIA, pues, sigue en el punto de mira.
Desde la formación que encabeza Carles Puigdemont consideran que esta situación se «agrava» aún más a raíz de las últimas informaciones que apuntan que una niña tutelada de 12 años fue violada en repetidas ocasiones por un hombre y forzada a prostituirse en una aplicación de citas. Es precisamente por este caso, sumado a las múltiples investigaciones de la Sindicatura de Cuentas y Antifraude, que desde Junts consideran que se debe llevar la crisis en la DGAIA a una comisión parlamentaria. En declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), la portavoz del grupo parlamentario, Mònica Sales, asegura que con esta comisión «quieren arrojar luz» sobre el desorden del organismo y el departamento de Derechos Sociales: «Queremos que la consejera dé explicaciones en sede parlamentaria y también todas las personas que tienen implicación», ha detallado la portavoz juntaire.
Además, a través de un comunicado, desde Junts recuerdan que hace tres meses ya solicitaron la comparecencia en el hemiciclo del exdirector general de la DGAIA, Ricard Calvo; el exconsejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias Chakir El Homrani; y los exsecretarios generales de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias Josep Ginesta y Oriol Amorós para rendir cuentas del desorden detectado. Hasta ahora, sin embargo, aún no han comparecido ante la cámara catalana.
Los educadores sociales denuncian «deficiencias estructurales»
Las últimas informaciones sobre la menor tutelada agredida sexualmente y forzada a prostituirse también han causado revuelo entre el colectivo de educadores sociales. Por su parte, el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña alertan que el caso de la niña de 12 años «no es una excepción», ya que denuncian «deficiencias estructurales» en el sistema. A través de un comunicado, el organismo asegura que «es necesario pasar de un enfoque de protección reactiva a una mirada comunitaria, de trabajo preventivo y centrada en los derechos», motivo por el cual reclaman la «presencia estructural» de los educadores sociales en espacios «clave» donde «se construyen vínculos y se detectan a tiempo las vulnerabilidades». Es decir, espacios como los servicios sociales, los servicios de intervención socioeducativa, los centros educativos, los proyectos de ocio educativo, las actividades deportivas o los espacios de participación infantil y juvenil.
