El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abierto el debate de política general en el Parlamento de Cataluña y ha anunciado un “acuerdo de país” para activar de manera inminente todos los planteamientos urbanísticos que hay en Cataluña y confirmarlos como solares para construir nueva vivienda. El objetivo de este anuncio es construir más de 214.000 viviendas. Del total de pisos que se terminen construyendo, habrá entre un 40% y un 50% de las viviendas de protección oficial destinadas a alquiler asequible. Es decir, el Gobierno quiere sumar unos 100.000 pisos de alquiler asequible y permanente a los 50.000 de vivienda protegida que anunció en el primer debate de política general de la legislatura. “En Cataluña nunca se había impulsado una política de vivienda tan ambiciosa. Hemos hecho mucho, pero podemos hacer más”, ha defendido antes de anunciar la propuesta, y ha defendido que “cuando el mercado no funciona hay que intervenirlo”.
El Gobierno quiere impulsar la construcción de estas viviendas incentivando la colaboración público-privada y con el tercer sector y, por otro lado, quiere impulsar la industrialización de la construcción para acortar plazos, mejorar la eficiencia energética y la economía circular. Illa ha detallado que la propuesta se ha estructurado en áreas urbanísticas en función de su grado de desarrollo y del impacto que representan en cuanto a la producción de vivienda. La estructuración, según ha explicado él, y con cifras que han detallado fuentes del Gobierno; comporta agruparlas en tres niveles: 25 áreas con planeamiento aprobado, gestión aprobada y pendientes únicamente de obras de urbanización (21.728 viviendas), 57 áreas con planeamiento aprobado y gestión en curso (32.396 viviendas) y 52 áreas con planeamiento pendiente o en revisión (118.562 viviendas, que aumentando densidad y edificabilidad llegaría a 160.000 viviendas). Es decir, aumentando densidad y edificabilidad de áreas con planeamiento pendiente o en revisión se podría llegar a las 214.000 que ha anunciado el presidente en su intervención.
Las viviendas de los dos primeros niveles entrarán en producción entre 2026 y 2027. A pesar del anuncio, fuentes del ejecutivo reconocen que parte del plan está condicionado a la aprobación del proyecto de ley de urbanismo, que el Gobierno aprobó como decreto y el Parlamento pidió tramitar como proyecto de ley, que se podría someter a votación entre finales de octubre y principios de noviembre. La norma pendiente de aprobación contempla una modificación que permite, si los ayuntamientos quieren, que sea la Generalitat quien asuma el proceso de construcción de las viviendas. De hecho, Illa ha defendido esta propuesta porque hay que “centrar Cataluña en las prioridades correctas”, y, en este sentido, ha citado la vivienda, la seguridad y la innovación y generar prosperidad.
Illa hace balance del anuncio de 50.000 viviendas
El presidente, por otro lado, ha hecho balance del anuncio que hizo el año pasado para construir 50.000 viviendas públicas hasta el año 2030. En este sentido, ha detallado que del total, 31.041 ya están en marcha: 22.241 de la convocatoria de solares —14.000 ya tienen promotor—, 4.000 de obra pública, más 3.000 de los ayuntamientos con los Fondos Next Generation y 1.800 de adquisición por tanteo y retracto, una cifra que, según ha remarcado, «triplica la de los años anteriores». “Durante el próximo año, la mitad de las 50.000 viviendas públicas estarán en alguna fase de producción”, ha subrayado. “Cataluña está en marcha”, ha reivindicado después de hacer un repaso a las obras públicas que el ejecutivo ha llevado a cabo durante este año en materia de infraestructuras, sanidad, seguridad y educación, entre otras. “Alcanzaremos los 3.000 millones de inversión”, ha asegurado el presidente durante su intervención.
Illa pide apoyo a los presupuestos y reafirma su “compromiso troncal” con la financiación singular
El presidente de la Generalitat ha destinado la parte final de su discurso a pedir a Esquerra Republicana y Comuns, sus socios prioritarios, colaboración para tener presupuestos para 2026, para desarrollar su acción de gobierno y cumplir con los acuerdos de investidura. “Toda acción de gobierno necesita presupuestos para ser desplegada”, ha defendido, pero ha reconocido que ellos solos no lo pueden hacer y que necesitarán consensuar las cuentas. “Mi prioridad es tener unos buenos presupuestos cuanto antes”, ha dicho. Consciente de que la financiación singular es la carpeta que ERC exige para sentarse a negociar, Illa ha afirmado que “la financiación es un compromiso troncal de mi Gobierno”. “No es sencillo, es complejo”, ha admitido, y sobre las negociaciones con el gobierno español solo ha dicho que “estamos trabajando con intensidad”. Con todo, se ha comprometido a “hacer, cuando estén listos los trabajos, la propuesta concreta” del Gobierno. “Les anuncio que la haremos desde la serenidad, sin ir contra nadie. Algunos querrán más, otros querrán menos. Escucharemos a todos, pero valoraremos todas las propuestas por el contenido y por la conducta que, aquellos que las hagan, hayan tenido en los últimos años y los éxitos que hayan logrado”, ha concluido.
“Debemos cuidar el catalán”
Por otro lado, Illa ha pasado de puntillas por la situación de emergencia lingüística que vive el catalán, y ha zanjado la cuestión en unos tres minutos. El presidente ha defendido el Pacto Nacional por la Lengua, un acuerdo que ha definido como “una de las metas más importantes que hemos logrado”. El catalán es cosa de todos y de todas, incluso de los que no entienden nuestra diversidad lingüística”, ha defendido, porque, según ha dicho, la lengua “suma y nos enriquece”. “La lengua catalana necesita recursos y los estamos movilizando, pero necesita una visión realista, pero optimista de futuro para sumar nuevos hablantes”, ha defendido y, en este sentido, ha hecho referencia a la movilización de recursos para llegar a las 40.000 plazas de cursos de catalán.
En cambio, Illa no ha hecho referencia a la lengua cuando ha hablado de sanidad y de la ampliación de los grados universitarios de medicina. En este ámbito, el presidente de la Generalitat ha reconocido que Cataluña necesita más médicos y, en consecuencia, ha señalado que “necesitamos que nuestros jóvenes puedan estudiar en las universidades catalanas”. Así, ha anunciado que aumentarán un 50% de las plazas para estudiar en Cataluña hasta 2031. “De las 1330 a 2.000 plazas y lo haremos progresivamente cada nuevo curso”, ha dicho, pero no ha hecho ninguna referencia a la supresión del distrito único del estado español o a la reserva de un porcentaje de plazas para estudiantes de institutos catalanes.
Illa destaca el “récord” de inversiones y quiere convertir Rodalies en la “columna vertebral” de la movilidad
Illa ha avanzado, además, que Cataluña alcanzará en 2025 un “récord” de inversiones de 3.000 millones de euros y ha fijado como objetivo superar esta cifra en los presupuestos de 2026. En este sentido, ha celebrado la cifra inversora respecto a “las cifras tímidas de las últimas décadas” y ha señalado que la deuda de la Generalitat continúa reduciéndose, y la sitúa por debajo del 30% del PIB catalán. “Hacer inversiones es urgente en nuestro país” porque, según ha señalado, “es donde nos jugamos la batalla para dotar de las infraestructuras y servicios básicos a un país pensado para 6 millones de habitantes que hoy ya tiene 8 millones”. Además, ha subrayado la reducción de un punto del PIB el año pasado, el primero con superávit, así como el incremento de un 2,4% del PIB per cápita, y ha asegurado: “Cataluña está en marcha, con hechos y con buena gestión”.
Por otro lado, ha admitido que Rodalies “no funciona con los estándares que Cataluña necesita” y ha dicho que el Gobierno afronta su responsabilidad sin esconderse. Con todo, ha recordado que “el plan 2030 se está cumpliendo”: con 200 obras de mejora en marcha, 110 trenes nuevos a partir del año 2026 y la creación de una nueva empresa para una nueva gobernanza. “Estamos decididos a que el ferrocarril se convierta en la columna vertebral de la movilidad en Cataluña”, ha señalado Illa.
