ERC quiere que la Generalitat pueda recaudar y gestionar todos sus impuestos mientras Cataluña no sea independiente. El grupo de los republicanos en el Parlamento ha registrado esta semana las conclusiones de la Comisión de Estudio sobre la Deuda Histórica del Estado con Cataluña (CEDHEC), que recoge las reflexiones y propuestas de varios expertos, y propone redactar una ley de financiación singular para Cataluña. Según ERC, la nueva ley sería una buena manera de poner fin al déficit fiscal que arrastra Cataluña desde hace décadas y es una prioridad de los republicanos en las negociaciones para investir a Pedro Sánchez más allá de la amnistía y la autodeterminación.
La propuesta de ERC también contempla otras medidas para reparar la deuda histórica con Cataluña, puesto que la nueva ley solo serviría para evitar que el déficit fiscal se incremente en el futuro. Los republicanos apuestan para “cancelar la deuda pública de la Generalitat en manos del Estado, cumplir con la disposición adicional tercera del Estatuto para compensar las inversiones presupuestadas y no ejecutadas entre 2014 y 2023 y revertir la infrafinanciación estructural en sanidad”. El partido considera que se trata de una “corrección para compensar la infrafinanciación sufrida a lo largo de décadas y absolutamente necesaria teniendo en cuenta que el nuevo modelo solo corregiría el déficit desde la entrada en vigor en lo sucesivo”.
Sin déficit fiscal, Cataluña podría tener un 50% más de presupuesto
La consejera de Economía, Natàlia Mas Guix, aseguró el pasado mes de marzo que Cataluña podría tener un 50% más de presupuesto con un modelo de financiación diferente. La Generalitat calcula que el déficit fiscal de Cataluña es de unos 20.000 millones de euros anuales, lo que supone más del 8% del PIB catalán. Esta cantidad es casi la mitad de los 41.000 millones de presupuesto que el Parlamento ha aprobado este año.
El sistema de financiación autonómica está pendiente de actualizarse desde 2014 y el gobierno español se ha mostrado dispuesto a revisar-lo durante la próxima legislatura, pero hasta ahora ha descartado que Cataluña pueda tener un tratamiento especial. El resto de comunidades del estado español rechazan que Cataluña tenga un sistema propio porque lo consideran discriminatorio y perjudicial para sus intereses.
