Las casualidades, en política, las carga el diablo. En medio de una áspera polémica por las irregularidades detectadas en servicios delicados como la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), así como los últimos informes de la Sindicatura de Cuentas que dejan al descubierto dudas en la administración de los gastos y los convenios firmados por el departamento de Salud, el Parlamento ha convocado una cumbre sobre la corrupción.
En concreto, la presidencia del Parlamento, en manos de Josep Rull, ha convocado la III Cumbre Contra las Causas Estructurales de la Corrupción. Un cónclave que se celebrará el próximo miércoles, 28 de mayo, en el mismo Palacio del Parlamento. Un encuentro que acogerá a los firmantes del Pacto Social contra la corrupción y los organismos de control designados por el Parlamento. El objetivo de los organizadores es debatir y evaluar los resultados de los acuerdos de la II Cumbre. Un debate basado en los resultados de la fase participativa desarrollada en estos últimos meses y en los informes de la Comisión de Seguimiento e Impulso del Plan de Trabajo de la II Cumbre.
Un proyecto de casi diez años
Este proyecto de lucha contra la corrupción nació formalmente el 9 de diciembre de 2015, tras las elecciones plebiscitarias de septiembre de 2015 y cuando aún no se había formalizado ningún gobierno. En todo caso, aquella jornada unió a casi todos los partidos de la cámara, asociaciones, entidades, sindicatos y organizaciones patronales. Desde entonces se han celebrado dos cumbres. De hecho, ya había habido un primer intento impulsado por Artur Mas, como presidente, que consistió en un encuentro en el Palau en el año 2013. Había, incluso, miembros de la judicatura y de la fiscalía. La última cumbre se celebró el 8 de julio de 2022. Según los tres informes de seguimiento de las cumbres, la mayoría de las propuestas aún están en un proceso inicial. En resumen, de 35 propuestas solo se han alcanzado cinco.
