El Departamento de Interior ha evitado confirmar en el Parlamento catalán si los Mossos d’Esquadra utilizan en sus investigaciones, sobre todo las dirigidas por la Comisaría General de Información, programas de reconocimiento facial. Así lo constata un informe sobre los medios tecnológicos empleados reclamado por el portavoz de la CUP de Interior en la cámara catalana, Xavier Pellicer, y firmado por el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena. Un documento con el que el departamento admitía el uso de programas tipos Pegasus, es decir, con capacidad de extraer información y datos de los dispositivos electrónicos.
El mismo consejero recomendaba, si se quería profundizar en los mecanismos y protocolos que usan los Mossos en sus investigaciones y análisis, utilizar los «espacios específicos del Parlamento». Una referencia a la comisión de Materias Secretas y Reservadas, que preside Anna Erre, porque «son cuestiones que no pueden ser objeto de difusión pública». En este sentido, hay que remarcar que miembros de la actual dirección del cuerpo de Mossos d’Esquadra, como el comisario jefe, Eduard Sallent, o su predecesor, Josep Maria Estela, en su comparecencia en la cámara catalana del pasado 1 de diciembre, en el marco de la comisión Pegasus, no desestimaban el uso de software espía. «Nosotros investigamos, no espiamos», argumentaron.
Misterio alrededor del arsenal informático de los Mossos
Pellicer reclamó información sobre la utilización por parte de los Mossos de un programa de inteligencia artificial para combatir el terrorismo yihadista, sobre la tenencia de un programa de acceso remoto a los teléfonos móviles y, en tercer término, pedía confirmación sobre si la policía de la Generalitat tiene un software de reconocimiento facial. Precisamente, este programa sería el que algunas fuentes apuntan que sirve para reconocer asistentes a actos públicos, manifestaciones o protestas, que después son investigados y denunciados por la policía por la típica terna de delitos en caso de disturbios: lesiones, daños y atentado contra la autoridad. Pero la respuesta a la pregunta parlamentaria de la CUP no permite aclararlo.
Como contexto general de respuesta a las preguntas planteadas, Elena parte de una idea general: «Una de las funciones que la ley asigna a la Policía de la Generalitat es la investigación de los delitos». Para llevar a cabo esta tarea, el consejero remarca que los Mossos d’Esquadra «tienen que disponer de los medios técnicos y recursos necesarios para llevar a cabo las funciones asignadas por la ley». Eso sí, avisa que se tienen que utilizar con «respeto absoluto a la legalidad y siempre bajo tutela de las autoridades judiciales». Ahora bien, también resalta que la policía tiene una actividad «principalmente orientada a la prevención de riesgos y amenazas» y lo pone en relación con los vacíos legales existentes o al hecho de que la ley procesal se encuentra obsoleta.
En este marco, subraya que la ley orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y las medidas de investigación tecnológica, «admite la insuficiencia de un cuadro normativo concebido para tiempos diferentes». En este sentido, se defiende asegurando que la ley encomienda «la necesidad de encontrar un equilibrio entre la capacidad del Estado para hacer frente a las nuevas formas de delincuencia y el espacio de exclusión que el sistema constitucional garantiza a cada ciudadano ante terceros». Así mismo, el consejero aprovecha el preámbulo de la ley para recordar que el «Tribunal Constitucional considera inaplazable una regulación sobre las intromisiones en la privacidad de la persona investigada en un proceso penal».
«Varias tipologías en el mercado»
El consejero se limita a confirmar que hay «sistemas existentes» de carácter tecnológico que siempre se utilizan con «pleno respeto a los derechos fundamentales y las libertades ciudadanas, a la normativa sobre protección de datos personales en la prevención e investigación de delitos y a la normativa procesal penal». Ahora bien, no concreta ninguno asegurando que «en el mercado hay varias tipologías de programas con capacidad de extraer y analizar datos de dispositivos electrónicos y otros sistemas de investigación de hechos delictivos». A modo de ejemplo, solo confirma la adquisición de las plataformas de análisis Voyager Analytics y Voyager Check, que sirven para patrullar en las redes sociales –es decir, en fuentes abiertas y públicas– y diagramar información, es decir, relacionar perfiles y conexiones con una palabra matriz como podría ser ‘yihad’ o un lema habitual de cualquier extremismo violento, como por ejemplo el supremacismo blanco. De hecho, El Món tuvo acceso a un informe donde los Mossos admitían unas 3.000 identificaciones en el mes por yihadismo.
Elena insiste que a pesar de tener estos sistemas los Mossos «son un cuerpo policial plenamente comprometido con la transparencia y rinden cuentas a la ciudadanía». «Esta misma vocación de transparencia obliga a respetar los límites establecidos en la normativa sobre seguridad pública, límites que en absoluto están en contradicción con las funciones y los recursos al alcance de los cuerpos policiales, que ejercen unas funciones claramente definidas por la ley», arguye.
En este marco, el consejero hace una enconada defensa de la Comisaría General de Información, que define como «una pieza clave en el ejercicio de la función policial, principalmente en el ámbito de la prevención y anticipación ante actividades ilícitas de carácter violento y otras formas delictivas, y que desarrolla sus funciones dentro de los parámetros establecidos por las Naciones Unidas y la Unión Europea y de acuerdo con los principios establecidos en la legislación estatal y catalana». De hecho, utiliza el redactado de una de las conclusiones de la comisión.
Como conclusión, el consejero recomienda pedir esta información, en todo caso, a la comisión de Materias Reservadas y Secretas del Parlamento, que se reúne ordinariamente dos veces el año, a puerta cerrada, sin levantar acta de lo que se dice en ella y con el compromiso legal por parte de los diputados de mantener en secreto lo que se informa. «Hay espacios específicos en el ámbito parlamentario que permiten la preceptiva y conveniente supervisión, control y fiscalización de la actividad gubernamental sobre la seguridad, respetando las limitaciones y la reserva establecidas legalmente en el ámbito de la seguridad pública, dado que se trata de cuestiones que no pueden ser objeto de difusión pública», sentencia Elena.
