Nuevo frente en la disputa política entre Junts per Catalunya y ERC. En este caso, por el desorden contable y financiero de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) que detectó el estudio económico y financiero que la Sindicatura de Comptes de Cataluña al analizar la contratación pública y la adjudicación del servicio de acogida de la infancia y la adolescencia de los ejercicios 2016-2020. Todo por la votación, el jueves de esta semana, en la comisión de la Sindicatura en el Parlamento.
PSC, ERC y Comuns se unieron para rechazar una propuesta de Junts que reclamaba que el Parlamento asumiera el contenido del informe y que instaba al Gobierno a seguir las observaciones y recomendaciones de la Sindicatura de Comptes que recogía el informe. La negativa de socialistas, republicanos y comunes ha alterado las filas de Junts, que han pedido comparecencias de colegas suyos cuando compartían ejecutivo con los republicanos.
“No se entiende que se manifiesten en contra de aclarar la falta de transparencia y de rigor que se ha visto que había con la gestión de la DGAIA durante años en un ámbito, tan sensible como es la infancia y la adolescencia, con una falta de control del dinero público”, sentenció en la comisión el portavoz de Junts, el exconsejero Jaume Giró. Fuentes de la formación advierten que entrarán a fondo para fiscalizar el trabajo y las cuentas de la DGAIA.
Junts reclama cuatro comparecencias de exdirectivos relacionados con la DGAIA
En este contexto, Junts ha reclamado la comparecencia de Ricard Calvo i Pla, exdirector general de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, del exconsejero de Asuntos Sociales, Chakir El Homrani; el exsecretario general de Asuntos Sociales, Oriol Amorós o el exsecretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Josep Ginesta. El argumento de Junts para abrir esta crisis, es que todas las formaciones apoyaron el informe que presentó la Sindicatura de Comptes sobre las conclusiones de la fiscalización de la DGAIA. Pero, ahora, consideran que esconden la cabeza bajo el ala para no tomar medidas y corregir las debilidades y las irregularidades detectadas.
El informe que se aprobó en su día era especialmente duro, hasta el punto que apuntaba responsabilidades en la dirección y reprochaba conductas fuera de normativa. En este sentido, criticaba el gasto superior al presupuestado y la manera de abonarlo. Así, el estudio subrayaba que en los centros de la muestra el gasto reconocido por la DGAIA había sido superior al gasto contratado en 774.283 €, el ejercicio 2016; en 5,26 M€, el 2017 y en 11,80, el 2018. Una sobrefacturación que “no tenía cobertura legal para el reconocimiento del gasto”. Para pagar este gasto, en los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020 la DGAIA tuvo que tramitar diferentes comunicaciones al Gobierno para que tomara conocimiento del reconocimiento extrajudicial de crédito. La auditoría también remarcaba el desorden en las prórrogas de los contratos, en las “acreditaciones” de las entidades contratadas o la falta de referencia de precios y costos.
