Nuevo capítulo en el serial de la aplicación de la ley de amnistía. La consejera de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serret, y la consejera de Educación, Anna Simó, han solicitado la recusación de los jueces del Supremo como son Manuel Marchena, Carmen Lamela, Andrés Martínez Arrieta i Antonio del Moral, a los que acusan de carencia de imparcialidad al aplicar la ley de amnistía por las «intervenciones jurisdiccionales previas». Serret, además, también ha solicitado la recusación del magistrado Leopoldo Puente Segura. A todos los magistrados los acusan de la misma carencia de imparcialidad y desde ERC, en declaraciones recogidas por Europa Press, recuerdan que el Tribunal Supremo ha suspendido la deliberación sobre la aplicación de la Amnistía en las dos causas en espera de la resolución sobre la recusación.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consejera de Acción Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, llegan a la clausura de la semana de los delegados del Gobierno al exterior, en el Palau de la Generalitat | Lorena Sopêna / Europa Press
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consejera de Acción Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, llegan a la clausura de la semana de los delegados del Gobierno al exterior, en el Palau de la Generalitat | Lorena Sopêna / Europa Press

La suspensión de la deliberación

Esta suspensión por parte del Tribunal Supremo afecta la titular de exterior en su causa por el 1-O, cuando Serret era la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. En cuanto a Simó, la titular se ve afectada por la causa contra la Mesa del Parlamento del 2017, liderada por la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y que afecta el resto de miembros de la Mesa como Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet por un delito de desobediencia. Desde Esquerra Republicana de Cataluña han destacado en Europa Press que son conscientes «que hay una parte de la judicatura que hará todo el posible por no aplicar la ley».

Marchena, de nuevo protagonista del futuro de los políticos catalanes

El uno de julio, la sala de lo penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, un hecho que causa que se mantengan las órdenes españolas de detención contra el presidente al exilio, Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín y no archiva la ejecutoria inhabilitadora hacia Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa hasta los años 2030 y 2031.

Un Marchena que junto con Llarena absolvieron a Miguel Bernard, el líder de Manos Limpias, de condenas por extorsión.

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