La expresidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Elisenda Paluzie ha hecho un tuit explicando cómo el Estado español ha utilizado la reforma del Código Penal en beneficio suyo en una carta de respuesta a las conclusiones de la ONU con relación a la denuncia presentada por Esquerra Republicana. Así mismo, Paluzie también explica cómo el Estado aprovecha «en su favor internacionalmente la tabla de diálogo» en el mismo contexto de respuesta del Estado.
El Estado defiende los indultos, la reforma del Código Penal y los pactos entre gobiernos
La conclusión de los relatores de la ONU fue que el Estado español tendría que investigar a fondo los informes segundos los cuales el software espía Pegasus fue utilizado para atacar personajes públicos y activistas catalanes en el Estado español. La ONU remarcaba a principios de febrero que entre el 2017 y el 2020, los dispositivos de al menos 65 políticos y activistas de minorías catalanas fueron objeto de un complejo y sofisticado programa de espionaje, las víctimas del cual incluían líderes de minorías catalanas, diputados en el Parlamento Europeo, legisladores, juristas y miembros de organizaciones de la sociedad civil.
En el escrito de defensa del Estado español enviado a los relatores de la ONU el pasado 4 de abril, explica cómo la actividad de ERC es «totalmente legal» en el Estado español y remarca como tiene 14 senadores, 33 diputados en el Parlamento y más de 3.000 regidores. Así mismo, defiende que los militantes del partido republicano cuentan con «plenos derechos políticos» y aseguran como «ninguno de los procesos judiciales que se exponen al informe está vinculado al ejercicio de estos derechos, sino a vulneraciones de la legalidad probadas en un proceso judicial». En el caso de Junqueras y Romeva, recuerda las sentencias del Tribunal Supremo y considera que Marta Rovira no está exiliada porque «este término solo se puede aplicar a personas perseguidas por sus ideas o actividad política».
Las actuaciones «secretas» al CNI
El Estado también argumenta con la «seguridad nacional» el hecho de no hacer público el caso de las personas las cuales han sido interceptadas sus comunicaciones. «Sus derechos han sido protegidos en todo momento por un magistrado del Tribunal Supremo», aseguran. Así mismo, también defienden las actuaciones «reservadas» dentro del CNI después de las publicaciones del Catalangate, así como la comparecencia de su directora y el presidente del gobierno español.
También ejemplifican como el Estado y el Gobierno de la Generalitat han reconocido la existencia de un conflicto político. «Concretamente, existe una Tabla de Diálogo, en la cual se han reunido los dos gobiernos en tres ocasiones y han llegado a acuerdos», argumentan, poniendo de ejemplos la fase de desjudicialización y el impulso de la lengua catalana. Así mismo, el escrito también subraya la mesa bilateral, la «reducción de la conflictividad institucional con 24 acuerdos entre los dos gobiernos» y como The Economist ejemplifica el Estado como una «democracia llena» ocupando el lugar 23 de 140 Estados.
También ponen en evidencia la derogación del delito de sedición, puesto que la exposición de motivos de la ONU evidenciaba como este carácter era «problemático». También defienden los cambios en el delito de desórdenes agraviados y la disminución de penas en comparación a unos y otras. También menciona los indultos y defiende su aplicación.
