El Gobierno quiere depurar responsabilidades en el escándalo por las irregularidades en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Así lo ha manifestado este miércoles el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la sesión de control en el Parlamento después de que varios grupos parlamentarios le hayan reclamado explicaciones. «Llegaremos hasta el final caiga quien caiga, pase lo que pase y salga lo que salga«, ha asegurado Illa, en respuesta a los reproches de la portavoz del grupo de Junts, Mònica Sales, que le ha recriminado un «silencio intolerable» y que «se esconda» en plena «crisis de país».
Ante las peticiones de una «rectificación» por su posicionamiento respecto a la polémica, el líder socialista ha recordado que tanto las supuestas irregularidades como los abusos a una menor en custodia se produjeron cuando su partido aún no gobernaba, a pesar de subrayar que no quiere «mirar atrás» y que es necesaria la colaboración en unos hechos que califica de «política de país». «Las únicas dos actuaciones en esta materia las realizó el consejero Carles Campuzano con Barnahus y mi Gobierno cambiando a los responsables de la DGAIA. Del resto, no ha habido nada», ha espetado Illa en unas declaraciones recogidas por la ACN.
Por su parte, el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha acusado al Gobierno de «proteger a los delincuentes y desamparar a los inocentes», asegurando que han conseguido «convertir la tutela de menores en un negocio«. La réplica de Illa ha sido contundente. El presidente ha advertido que no se puede identificar con un color político estos «hechos execrables» porque «todo el Parlamento los condena» y es una «cuestión de humanidad» que está «por encima de los partidos». «Creo que los consejeros que dirigían la DGAIA en ese momento lo condenan y si hubieran tenido algún indicio habrían actuado», ha añadido.
Una reforma de modelo para garantizar los derechos humanos
Por su parte, en un tono más conciliador, la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, Jéssica Albiach, ha señalado que las informaciones sobre la DGAIA «ponen los pelos de punta» y ha situado la transformación de este modelo como una de las «grandes prioridades» de la legislatura para avanzar hacia un «sistema garantista de derechos humanos». Albiach ha aprovechado su intervención para alertar que los profesionales «no tienen herramientas y recursos» y ha reclamado «escucharlos, bajar las ratios y garantizar unas condiciones laborales dignas».
