La pacificación, sobre todo con el poder. Así se puede interpretar la notoriedad con la que el Gobierno y la fiscalía han querido mostrar su entendimiento y conexión. Una imagen curiosa, porque el ministerio público es una de las instituciones que aún pone trabas a la aplicación de la amnistía para los independentistas, como se ha visto esta semana en el caso de Toni, el chico procesado por un juzgado de Valls a raíz de la protesta contra la visita de Felipe de Borbón a Poblet en julio de 2020.
Esta escenificación de proximidad se pudo constatar este martes en una reunión muy poco habitual. En concreto, un encuentro entre la consejera de Interior, Núria Parlon, y el consejero de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, con la fiscal jefe de Barcelona, Neus Pujal, y los fiscales decanos de los juzgados de Instrucción de Barcelona, Mercedes de la Peña, José Luis García y Cristina Dexeus; y el fiscal delegado de Anticorrupción en la fiscalía provincial de Barcelona, Gerardo Cavero.
En la reunión también asistió el director general de la Policía, Josep Lluis Trapero, una de las personas que más persiguió la fiscalía durante el Proceso y que lo llevaron a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por un supuesto delito de rebelión. En la mesa, ayer también estaban la secretaria general del departamento de Justicia y Calidad Democrática, Maite Casado, y la secretaria para la Administración de Justicia, Iolanda Aguilar.
«Inquietudes comunes»
Según ha informado el Gobierno, la reunión sirvió para «analizar inquietudes comunes de la fiscalía y el Gobierno como la multirreincidencia o la protección integral de la víctima». Por otro lado, sirvió para «trabajar conjuntamente propuestas para hacerles frente» e implicar en su resolución herramientas de inteligencia artificial que, por ejemplo, permitan agilizar los juicios rápidos. Después del encuentro tanto la fiscalía como el Gobierno aseguran que coinciden en que «se necesitan más recursos en el ámbito penal«. «Como mínimo incrementar los jueces y fiscales para alcanzar la misma ratio que tiene el resto del estado español por cada 100.000 habitantes», indican. Además, se pide la consolidación de los juzgados de refuerzo para juicios rápidos que han permitido reducir notablemente los plazos. De hecho, el resumen final del encuentro parece que ha consolidado una especie de pinza para reivindicar más juzgados y más jueces.
