El Departamento de Educación se ha puesto en guardia por la ofensiva del PP y Vox contra el catalán. Uno de los primeros anuncios del futuro presidente del País Valenciano, Carlos Mazón, fue la eliminación de la Oficina de Derechos Lingüísticos, que básicamente se encarga de fomentar y proteger el valenciano en las escuelas. En las Islas Baleares, PP y Vox han pactado eliminar el requisito de saber catalán para ejercer en la sanidad pública. Como muestra de los tiempos que vienen, las televisiones públicas de los dos territorios se han negado a emitir un anuncio de la Generalitat catalana en defensa del catalán. En este contexto, la llegada del PP y Vox a la Moncloa supondría un auténtico terremoto para las políticas lingüísticas de Cataluña, que ya se encuentran asediadas por la justicia y que, a partir de julio, podrían sufrir una nueva guerra librada desde el Congreso de los Diputados.
Siguiendo las palabras de Pere Aragonès, que en las últimas semanas ha abogado por un frente unitario para defender Cataluña de la amenaza de un gobierno de extrema derecha, la nueva consejera de Educación, Anna Simó, ha encargado a su equipo de colaboradores que estudie “todos los escenarios” posibles para los próximos meses. Además de las elecciones del 23-J, el Tribunal Constitucional (TC) tiene pendiente resolver la cuestión que le hizo llegar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la nueva ley educativa que rechaza los porcentajes de lenguas en las escuelas catalanas. En varias ocasiones, Simó ha alertado que el TC siempre está dispuesto a entrar en campaña y teme que se pueda pronunciar antes de las elecciones estatales. Òmnium también ha alertado que el TSJC, una vez tenga la resolución del TC, podría resolver de golpe varios contenciosos con escuelas que tienen que aplicar el 25% de castellano.
“Como consejera tengo que dibujar escenarios ante el 23-J, y la realidad hasta ahora es que la tendencia de los altos tribunales ha sido entrar en campaña”, ha dicho Simó en una entrevista en el diario
Feijóo y el 25% de castellano, una amenaza para Cataluña
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha escondido nunca que es contrario a la inmersión lingüística –“apartheid lingüístico”, lo llama– y, por lo tanto, una de las primeras cosas que podría hacer si llegar a la Moncloa es intentar endurecer la legislación vigente para obligar a impartir más castellano en las escuelas catalanas. A pesar de que su discurso no es tan radical como el de Vox o el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Feijóo defiende que la inmersión lingüística “obliga” a los niños a estudiar en catalán y que en la escuela se tienen que enseñar las dos lenguas de “manera equilibrada”. Un equilibrio que para el dirigente popular pasa por el 25% de castellano que intenta establecer el TSJC o el 33% que hay por ley en Galicia, la comunidad donde Feijóo gobernó durante 13 años antes de dar el salto a Madrid. El bilingüismo cordial, tal como lo han bautizado en Génova. Las elecciones del 23-J acabarán determinando el grado de alarma que se vivirá en los despachos de la Generalitat, puesto que un gobierno en minoría del PP no será el mismo que un gobierno –de coalición con Vox o no– que tenga mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
