Máxima presión, máxima tensión y máxima política. El presidente de la Generalitat en el exilio, Carles Puigdemont, está reunido este domingo por la tarde en Bruselas con el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, y el presidente del grupo parlamentario de la formación, Albert Batet, según han confirmado fuentes de los participantes a El Món. Un cónclave que quiere desatascar definitivamente la posición de Junts para el acuerdo con el PSOE para investir a Pedro Sánchez como presidente español a cambio de una amnistía para los represaliados del Procés, el reconocimiento nacional de Cataluña y un verificador para mantener una mesa de negociación entre el independentismo y el partido de gobierno español.

El encuentro se celebra desde hace horas y los negociadores intentan acabar de perfilar detalles de la ley de amnistía. En concreto, sobre cómo se podría asegurar la medida de gracia a los afectados por lo que se conoce como lawfare, es decir, procesos judiciales a personas indirectamente relacionadas con el referéndum del Primero de Octubre y la consulta soberanista del 9-N del 2014.

La reunión, una versión todavía más restringida que la que se hizo jueves, con el Secretariado Permanente de Junts en pleno, tiene que servir para acordar la unidad interna y acabar de definir los últimos detalles antes de anunciar un virtual acuerdo de investidura, apenas cinco días después de que ERC anunciara el suyo con los socialistas.

Decisión final después de la aceptación de la cláusula F de la ley de amnistía por parte de PSOE, ERC y Sumar

Esta reunión al máximo nivel de Junts se celebra cuando todo apunta que Sumar, ERC y PSOE habrían aceptado la cláusula F del artículo primero de la proposición de ley orgánica de la amnistía. Un redactado que defendía Junts para estrechar el margen interpretativo de los jueces ante la norma en casos como la Operación Volhov, el caso del ex consejero Miquel Buch y el sargento de los Mossos d’Esquadra Lluís Escolà o el de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont. Una cláusula que también garantizaría la inclusión de los represaliados por desórdenes en protestas y manifestaciones alejadas temporalmente del Primero de octubre del 2017, es decir, convocatorias para conmemorar el referéndum o el Tsunami Democrático.

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