La presión en las calles y en los juzgados no entorpece las negociaciones entre Junts y el PSOE que, a pesar de llevar días encallados con la letra pequeña de la ley de amnistía, tienen todos los cauces de comunicación abiertos. Los socialistas dan por hecho que habrá acuerdo con Carles Puigdemont y ya trabajan para investir a Pedro Sánchez la próxima semana. En Junts son más prudentes y mantienen su política de discreción absoluta, mientras los servicios jurídicos de ambas formaciones intercambian documentos con diferentes propuestas sobre cómo afrontar los casos de lawfare. Fuentes próximas a las negociaciones aseguran que el acuerdo se puede cerrar “en cualquier momento”.
Hace días que tanto Junts como el PSOE intentan llegar a un acuerdo sobre cómo tratar los casos de

Los socialistas ven cerca el acuerdo con Junts
“Estamos muy cerca”, dicen las mismas fuentes. La delegación socialista está tan convencida que el acuerdo está cerca que Santos Cerdán, el número tres del PSOE y hombre de confianza de Pedro Sánchez, está en Bruselas desde el domingo y tiene previsto quedarse en Bélgica hasta que se cierre el pacto. De hecho, Cerdán se aloja en el hotel Sofitel, situado muy cerca del Parlamento Europeo, donde Puigdemont tiene su despacho. Con todo, la lentitud de las conversaciones deja poco margen para que el pleno de investidura de Sánchez pueda ser esta semana y los socialistas ya tienen asumido que se tendrá que celebrar la próxima. A pesar de que no se habla de fechas concretas, los plazos ajustados invitan a no correr y esperar que haya un acuerdo sólido. Además, ERC ha avisado que querrá revisar el texto resultante y se reserva el derecho de no firmarlo si hay cambios sustanciales.
Las acusaciones de terrorismo que la Audiencia Nacional se ha sacado de la manga en el caso Tsunami Democrática, que ha salpicado a Carles Puigdemont, Marta Rovira y a diez independentistas más, también han obligado a los negociadores a replantear el enfoque de algunas cláusulas para intentar blindarse de las maniobras judiciales. Rovira ya había advertido que la ley no podía tener “agujeros”. Buena parte del Poder Judicial ya ha anunciado que está en contra de la amnistía y harán lo posible para entorpecerla o tumbarla, mientras que partidos como el PP han avisado que llevarán el texto al TC prácticamente el mismo día que se apruebe en el Congreso de los Diputados.