El Congreso ha aprobado este martes el inicio de la tramitación de la ley de garantía del plurilingüismo, que busca garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a relacionarse en catalán, vasco o gallego con las principales instituciones del estado español. En concreto, se trata de permitir que la ciudadanía se pueda dirigir a los órganos judiciales, las instituciones constitucionales y la administración general del estado en su lengua cooficial, con “plena validez jurídica” y sin necesidad de traducir la comunicación al castellano. La proposición de ley orgánica ha sido impulsada por ERC, EH Bildu, el PNV, el BNG y Sumar y ha contado con los votos del PSOE y Junts.
“Queremos garantizar el plurilingüismo real en el Estado, y lo hacemos corrigiendo el sesgo monolingüe de las instituciones estatales”, ha explicado el diputado de ERC Francesc Marc Álvaro en la presentación de la propuesta. La iniciativa ha salido adelante con 174 votos a favor y 170 en contra. Desde Junts, a pesar de apoyar la iniciativa, han alertado que la ley puede quedar “colgada” si no se presiona lo suficiente al PSOE, tal como tuvo que hacer el partido de Carles Puigdemont con el cambio normativo para permitir el uso del catalán, el vasco y el gallego en el Congreso. “Un cambio obligado por Junts”, ha recordado la diputada de Junts Pilar Calvo.
Una propuesta para corregir un agravio histórico
Según el diputado de ERC, se trata de una propuesta “histórica” porque profundiza en el principio de igualdad que proclama la Constitución española y supondría el cumplimiento de uno de los compromisos de investidura del PSOE. Álvaro ha lamentado que la protección de las lenguas cooficiales es “pésima e ínfima”, sobre todo en lo que respecta a la relación del ciudadano con las instituciones y organismos estatales. La proposición de ley orgánica impulsa la reforma de 15 normas estatales para eliminar “desajustes” del modelo “asimétrico” actual. Entre otras cuestiones, quiere exigir a los jueces que conozcan la lengua de los territorios donde sean destinados, busca adaptar los procedimientos administrativos y las plataformas a todas las lenguas y también pretende introducir criterios lingüísticos “transversales” en la contratación pública y en sectores “clave” como el transporte o la educación.
