La Moncloa no ha tardado en reaccionar a la propuesta de financiación singular que ha planteado el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y ha señalado que el modelo de financiación se tiene que debatir con el resto de las comunidades autónomas. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado que «venden propuestas por parte de la comunidad autónoma de Cataluña, pero hemos recibido también otras comunidades», mientras que por su parte la portavoz del gobierno del Estado español, Pilar Alegría, ha querido expresar que la voluntad del gobierno español es llegar a un acuerdo con «el conjunto» de las comunidades autónomas, es decir, también con aquellas donde gobierna el PP o el PP y VOX. Alegría ha añadido que «estamos en un momento oportuno, puesto que hay once comunidades gobernadas por el mismo color político, sería deseable que por parte del PP trasladaran una posición conjunta de todas estas comunidades«.
Respondiendo a la Generalitat
El gobierno español ha sido rápido en su respuesta a la propuesta de financiación que ha presentado la Generalitat; una propuesta que incluye que Cataluña recaude el 100% de los impuestos, o dicho de otra manera, tener «la clave de la caja» de unos, aproximadamente, 52.000 millones de euros anuales. El nuevo modelo de financiación también incluye se hagan aportaciones económicas en el Estado español y a un nuevo fondo de reequilibrio territorial.
El modelo que ha planteado el Gobierno de la Generalitat de Cataluña está basado en la «soberanía fiscal llena» y que esto haría que el Gobierno gestionara y recaudas impuestos como pueden ser el IVA, el IRPF, el impuesto sobre sociedades o los especiales, un hecho que supondría pasar de gestionar de un 9% de los impuestos al 100%. Es decir, Cataluña gestionaría su dinero y no dependería del Estado español. Esto supondría que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña podría llegar a ingresar el doble de los 25.616 millones que Cataluña recibió con el modelo de financiación actual en 2021.
Según el Gobierno de la Generalitat, su propuesta es plenamente constitucional y prevé una transferencia en el Estado por los servicios prestados, como Defensa o administración de justicia, y el pago a un fondo de «reequilibrio territorial» para las comunidades con menos recursos. La consejera de Economía, Natàlia Mas, ha expresado que la propuesta que ha hecho la Generalitat de Cataluña «es justa, razonable e imprescindible».
