El ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que al Estado español no hay lawfare, tal como denuncian los partidos independentistas. Además, estas declaraciones contradicen el que ha manifestado este mes el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha llegado a afirmar que ha habido lawfare en casos como trama Kitchen o en el bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial: «No hay caso más paradigmático de lawfare que el secuestro del PP al Poder Judicial». Es más, el líder del PSOE también ha negado que el caso del Tsunami Democrático sea terrorismo tal como defiende el juez de la Audiencia Nacional.

Marlaska ha manifestado este domingo en una entrevista a La Vanguardia que «no existe ‘lawfare’ en España» y ha resaltado que «los jueces españoles cumplen los deberes con acatamiento estricto al ordenamiento jurídico en parámetros de independencia e imparcialidad». Según el titular de Interior, no hay un choque entre el poder ejecutivo y judicial, y remarca que más de 5.500 jueces cada día dictan sentencias con «independencia e imparcialidad».

Preguntado por el hecho que el juez de la Audiencia Nacional considere que la causa de Tsunami Democrático es terrorismo, el ministro se ha desmarcado del presidente español, que lo desvinculó totalmente, y ha señalado que el gobierno español tiene que respetar esta resolución sin cuestionarla. Marlaska lo ha dicho después de que Pedro Sánchez, en una entrevista reciente en RAC-1, afirmara que las acciones del movimiento independentista «no son comparables» con ataques de organizaciones terroristas que ha vivido España, como por ejemplo los de ETA o los del yihadismo.

El presidente catalán al exilio, Carles Puigdemont, sale del Parlamento Europeo / Europa Press

El escolta de Puigdemont

En cuanto a la petición de escolta para el presidente al exilio, Carles Puigdemont, Grande-Marlaska ha explicado que se ha pedido un informe a la Abogacía del Estado y que su ministerio está pendiente de recibirlo. «Hay una petición del Gobierno de Cataluña y hemos entendido que era oportuno y procedente que haya un informe. Cada vez que hay una petición, hay un informe. Los informes tienen que ser actualizados y ratificados, si procede, pero siempre el informe acompañado en el momento de la petición», ha explicado. Y ha garantizado que cualquier decisión que se tome sobre esta cuestión será «de acuerdo con el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico» y que el expresidente catalán no recibirá un trato de favor.

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