La tensión entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va en aumento desde que esta mañana la dirigente popular ha rechazado la invitación de Pedro Sánchez para reunirse antes de que termine la semana en la Moncloa para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica y, además, ha declinado la posibilidad de contemplar otra fecha para celebrar el encuentro. El plantón de Ayuso a Sánchez se produce en medio de la batalla judicial que ha acabado con la apertura de una investigación por parte del Tribunal Supremo al fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, a raíz de la filtración de los correos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta y defraudador fiscal confeso, y de las declaraciones del mismo Sánchez, que el pasado jueves insinuó en rueda de prensa que la presidenta de Madrid debería dejar su cargo por haberse beneficiado de forma indirecta del fraude cometido por Alberto González Amador, su pareja, con la compra de mascarillas durante la pandemia: «Es pareja de un delincuente confeso, que ha defraudado a Hacienda como él mismo ha reconocido».
Tras varias rondas de encuentros de Sánchez con presidentes, aún quedan por pasar por la Moncloa los máximos representantes de Ceuta, Melilla, Madrid, Castilla y León, Baleares, Cataluña y Madrid. Aun así, Ayuso ha dejado claro que no participará en esta ronda de reuniones que son posteriores al acuerdo entre el PSC y ERC que, según ella, significa, «la ruptura de la hacienda común». Otra razón para no querer saber nada de este encuentro con Sánchez es que el entorno de Ayuso acusa a Sánchez de «difamarla» con unas «gravísimas acusaciones» que suponen un «deterioro institucional» sin precedentes. «Por todo esto, la presidenta ha decidido no cancelar su agenda este viernes y continuar con el evento que tenía convocado en Porriño, Galicia, desde hace semanas», concluyen desde su gabinete.
Aparte de la negativa de Isabel Díaz Ayuso a reunirse con Sánchez, el empresario ha reclamado 100.000 euros al presidente del gobierno español y 50.000 al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en compensación por haberlo tildado de «delincuente confeso». Alberto González considera que estas declaraciones suponen una «infracción de los más elementales deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español». «La pareja de Ayuso no va a la Puerta del Sol a hacer negocios, cosa que sí hace la mujer del presidente, Begoña Gómez, y es por lo que es investigada», ha avisado. En este sentido, y poco después de que trascendiera la petición de su pareja a Sánchez, la presidenta madrileña ha lamentado que el gobierno español utilice a su pareja como un «rehén político».
El gobierno español defiende que Sánchez «no ha difamado a nadie»
En este ambiente de tensión, el gobierno español se mantiene firme en defender las palabras de Sánchez, y destaca que él «no ha difamado a nadie» porque se ha ceñido a recordar los delitos fiscales «cometidos por su pareja, delitos que esta misma persona ha confesado». Asimismo, han acusado a la dirigente popular de «irresponsabilidad y desistimiento de funciones» por no querer reunirse con Sánchez este viernes en la Moncloa. En este sentido, desde el ejecutivo español afirman que la «única prioridad» de Ayuso es «la confrontación sistemática y permanente con el gobierno español». «Curiosa manera de luchar contra el deterioro institucional por la cual la presidenta dice que está preocupada», sentencian.
Además, desde el ejecutivo de Sánchez acusan a la dirigente popular de romper el «funcionamiento normal de las instituciones y la necesaria colaboración entre todas las administraciones» después de que los encuentros con presidentes que ha habido en la Moncloa se han celebrado con absoluta normalidad. Es por esto, que lamentan esta decisión y subrayan que a estas alturas Isabel Díaz Ayuso es «la primera y única autoridad autonómica que rechaza participar en esta ronda» de encuentros para abordar el nuevo sistema de financiación. «Reunirse y dialogar, dirimir diferencias de manera respetuosa y escuchar las opiniones ajenas es un elemento básico del funcionamiento de nuestra democracia», advierten.
