El gobierno español ha activado la maquinaria para presionar a Junts para que retire la proposición no de ley que pide a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. Según ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado la Agencia Catalana de Noticias (ACN), el Consejo de Ministros aprobará la adhesión del estado español a un protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos que permitirá a los tribunales de alto rango españoles solicitar opiniones consultivas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), una petición que Junts había puesto sobre la mesa de negociación en Suiza en varias ocasiones.
El anuncio llega horas antes de que la dirección de Junts anuncie si sigue la recomendación del mediador internacional, quien este fin de semana les ha pedido que retiren la petición de cuestión de confianza a Sánchez porque pone en riesgo los acuerdos trabajados hasta ahora. Fuentes de la dirección del partido de Carles Puigdemont han desvinculado la adhesión —que debería haberse producido “hace mucho tiempo”— de las conversaciones para retirar la petición y aseguran que la relación con el PSOE está “al límite”.
En concreto, el gobierno español dará luz verde a la adhesión al protocolo 16, que permite que los altos tribunales de cada estado hagan consultas sobre la interpretación o la aplicación de derechos al TEDH cuando los casos aún están en trámite y, por lo tanto, sin pasar primero por el Tribunal Constitucional en el caso español. La Moncloa insiste en que es una iniciativa pactada con Junts y le da impulso justo en el día que el partido independentista volverá a hablar de los incumplimientos del PSOE.
El pacto sobre inmigración, dentro de la Constitución
Uno de los reproches habituales de Junts al PSOE es que, más de un año después, aún no se ha llegado a un pacto para traspasar las competencias en inmigración a Cataluña. El ministro de Transición Digital, Óscar López, ha insistido una vez más en que cualquier acuerdo se hará en el marco de la Constitución, pero no ha aclarado cómo se resolverán los tres escollos que frenan el pacto: el control de fronteras, la expedición de NIE y la gestión de las expulsiones. López ha insistido en la “discreción” de las conversaciones y ha asegurado que cuando haya un pacto se explicará con detalle.
