La exlíder del PP, Pablo Casado, ha declarado esta mañana ante la instrucción judicial donde está imputado por un delito de odio y de injurias por sus palabras contra la inmersión lingüística. Casado ha rechazado declarar a las acusaciones durante su comparecencia, pero sí que se ha ratificado en sus declaraciones y ha asegurado que no están manipuladas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona. El fiscal no ha comparecido. El mismo juez que emitió dos interlocutorias con las cuales tumbaba sus recursos para sacar adelante el procedimiento penal instado por la Generalitat de Cataluña y por el Grupo de Abogados Independientes, que el juez los tiene por comparecidos a pesar de que todavía no ha recogido los 5.000 euros de fianza. Dos resoluciones donde entendía que Casado no estaba protegido por la inviolabilidad parlamentaria y que, por lo tanto, sus declaraciones tenían «ánimo delictivo».
La declaración de Casado no ha sido uno camino de rosas, ni mucho menos. La primera querella contra Casado se interpuso ante el Tribunal Supremo, pero su dimisión y la renuncia al escaño en el Congreso le hizo perder la condición de aforado. El trabajo del Juzgado fue para localizarlo. De hecho, el mismo recepcionista de la sede estatal del PP, en la calle Génova de Madrid, rechazó la citación porque no sabía donde estaba Casado después de dejar la presidencia de la formación españolista. Finalmente, y a través de un abogado y un procurador se dio por notificado, y lejos de aceptar la citación recurrió la interlocutoria que lo transformaba en investigado y lo citaba a declarar.
Un caso a velocidad de tortuga
El caso Casado no sería ejemplar de la diligencia y la rapidez judicial. La querella se admitió a trámite el pasado 25 de octubre y no fue hasta el 17 de febrero que se localizó a Casado. Una vez localizada, a través de su representación letrada, interpuso dos recursos con que solicitaba el sobreseimiento del caso. Y subsidiariamente, pararlo mientras no se decidía el recurso de apelación que se pueda interponer. El juez desestimó sus pretensiones.
De este modo, la exlíder popular continúa procesado por haber afirmado que los maestros de la escuela catalana no dejaban ir al baño a los niños si no lo pedían en catalán o les ponían piedras a la mochila. Unas afirmaciones pronunciadas en un mitin, que el juez prevé que se puedan incardinar en un posible delito de odio. Una posibilidad que fomentó la querella del Grupo de Abogados Independientes que incorporó el delito de odio contra una minoría nacional, que el juez incluye dentro del artículo 510 del Código Penal.
