El debate económico en las comunidades autónomas está centrando el debate político en el Estado español. Quién se ha sumado ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha anunciado nuevas rebajas fiscales al impuesto de sucesiones y donaciones. En el transcurso del debate sobre el estado de la región, Ayuso ha explicado que la bonificación para las operaciones familiares entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad se elevará del 25% al 50%. Ayuso ha destacado que «continuaremos bajando los impuestos, es un compromiso que adquirimos con los madrileños a las urnas» y ha anunciado la implementación de una bonificación del 100% para las donaciones esporádicas entre particulares, siempre que sean por un importe de menos de 1.000 euros. La presidenta ha defendido la bajada de impuestos afirmando que el dinero tienen que ser para los ciudadanos y no por «socios de Sánchez o su ejército de asesores».
Desde el gobierno de la Comunidad de Madrid estiman que estas rebajas fiscales (previstas para el año próximo) ahorrarían una cifra de casi 130 millones de euros anuales y 13.000 ciudadanos de la comunidad se beneficiarían. Ayuso ha criticado duramente el impuesto de sucesiones, definiéndolo cómo «anacrónico, injusto y confiscatorio» y ha asegurado que castiga doblemente el ahorro y compuerta un perjuicio en todas las clases sociales.
La política a la baja de Madrid
No serán los únicos impuestos que vivirán un retoque en la baja por parte de Ayuso. Madrid también ampliará el ámbito de aplicación de una deducción vinculada al IRPF y aumentará hasta los 40 años la edad máxima para poder aplicar la medida destinada al alquiler, una medida que desde el gobierno madrileño aseguran que beneficiará 45.000 contribuyentes adicionales a los 65.000 actuales.
En nota de prensa, el gobierno madrileño ha destacado que esta medida se incorpora al proyecto de ley de rebajas impositivas e incluye cuatro nuevas deducciones en el IRPF de las cuales se beneficiarán los arrendadores que alquilen viviendas en desuso, que permitirán mitigar el incremento de los préstamos hipotecarios de renta variable por la subida de tipo de interés y servirán a la lucha contra la despoblación dando ayudas a los menores de treinta años que fijen el domicilio habitual en municipios con una población inferior a los 2.500 habitantes.
