El presidente en el exilio y candidato de Junts+ a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha presentado el programa de su candidatura y un plan de choque que permita hacer un «reset» y dar un «nuevo impulso» en Cataluña en los 100 primeros días de gobierno con un nuevo impulso económico, donde propone cancelar la deuda de la Generalitat a cambio de las inversiones presupuestadas y no ejecutadas por el Estado, encarar el reto demográfico, la lengua y la cultura porque «tenemos derecho a vivir plenamente en catalán», refundar la administración pública de Cataluña y también hacer frente a la cohesión social y territorial. «Hace falta un punto de inflexión» y «empezar a revertir la situación actual e iniciar un cambio de rumbo», subraya, y para iniciarlo y propone comenzar un proceso de escucha de «arriba abajo», con la ciudadanía y la sociedad civil, para poder redactar «un documento marco que recoja la opinión de la ciudadanía» y presentándolo en el Parlamento.
Puigdemont y Junts+ han puesto el foco en el aspecto económico, donde proponen evaluar y publicar las balanzas fiscales a partir de los datos publicados por el Ministerio de Hacienda Pública el pasado mes de marzo y se compromete a hacerlo antes de presentar el proyecto de presupuestos de la Generalitat de Cataluña por el año 2025. Así mismo, propone una modificación de la LOFCA donde se reconozca la singularidad de Cataluña y que facilite la recaudación del 100% de los tributos que se paguen en Cataluña y pose esto como condición sine qua non para aprobar los presupuestos del estado español. Todavía en este ámbito, también se reclama cancelar la deuda pública de la Generalitat en manos del Estado por anticipado de las inversiones presupuestadas y no ejecutadas, así como establecer un mecanismo anual de compensación para futuros ejercicios, y ha advertido que «si el Estado deja de pagar, nosotros dejaremos de pagar». También propone revisar los impostes y reducirlos y, si se tercia, suprimirlos, elaborar un programa para permitir el retorno de empresas, entre otras medidas.
En cuanto a la lengua y la cultura, Puigdemont ha defendido que los catalanes y catalanas tienen «derecho a vivir plenamente en catalán» y propone que en estos primeros cien días se elabore una estrategia conjunta entre comunidad educativa, entidades y Gobierno para hacer frente a la «ofensiva judicial contra la escuela en catalán» y la personación de la Generalitat a los procesos de discriminación lingüística, adoptar medidas para que el catalán sea vehicular a la justicia y garantizar que el personal público esté calificado con los certificados C1 y C2 y utilice el catalán en su relación con la ciudadanía y también se fija el objetivo del 2% en el presupuesto en Cultura, entre otras.
Traspaso de competencias en inmigración
La candidatura de Juntos+ también incluye propuestas entre las medidas a tomar en estos 100 primeros días de gobierno y se compromete a presentar un articulado de ley orgánica para hacer efectivo el traspaso de las competencias de inmigración en la Generalitat para una «gestión integral». En este sentido, el candidato ha defendido que Cataluña tiene que asumir «la máxima responsabilidad» para «tener un discurso y una propuesta catalana» en esta materia porque, segundos él, es una política «nacional» en la cual «no se puede dudar ni criminalizar».
En cuanto a la vivienda, la candidatura promete presentar una auditoría pública de las necesidades en Cataluña en el Parlamento y, por otro lado, para hacer frente a la cohesión territorial, ha dejado claro que reclamarán el traspaso y gestión de las infraestructuras como aeropuertos, red viaria y ferroviaria. «No nos saldremos mientras estas infraestructuras sean gestionadas desde Madrid», ha avisado. Por otro lado, Puigdemont ha dicho que es imprescindible convertir los Mossos d’Esquadra en una policía con capacidad global. “No puede ser que no puedan acceder a las herramientas para hacer su trabajo porque el estado se los impide”, ha manifestado.
Reforma de la administración
El documento presentado este viernes también prevé una estrategia para hacer frente a la reforma de la administración, y propone que los escalafones técnicos estén ocupados por personas con las competencias, habilidades y experiencia necesarias y no necesariamente tienen que ser personas del partido. Además, pide «proteger los funcionarios y servidores públicos ante los ataques del Estado, organizaciones políticas e intereses privados», competencias para diseñar y convocar procesos para nombrar secretarios e interventores, y unificar las tramitaciones a un portal de atención ciudadana.
