Después de la sesión de control de primera hora de esta mañana en el Parlamento, los diputados se han puesto manos a la obra para debatir y votar un decreto que no ha despertado ninguna pasión ni por parte del Gobierno ni por los partidos que formaban el ejecutivo del presidente Pere Aragonès. Se trataba de avalar el decreto que el ejecutivo de Salvador Illa aprobó el pasado 30 de septiembre para condonar los pagos indebidos a jóvenes extutelados a través de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) ahora cambiada a Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA).
Al final, el debate ha llegado muy trabajado y matizado, porque cuatro grupos de la cámara estaban implicados en un desorden financiero y de control del departamento de Derechos Sociales que ha tenido que definir la actual consejera, Mònica Martínez Bravo. Siguiendo su formación en Economía en el Massachusetts Institute of Technology no solo se ha librado del desorden, sino que ha exculpado a los anteriores inquilinos de la Casa de los Canónigos y ha culpado a la siempre genérica falta de medios.
En síntesis, ha culpado de los pagos indebidos a la «falta de recursos técnicos, tecnológicos y humanos y un modelo de gestión obsoleto». Una excusa bastante vaga y débil que ha servido en bandeja la negativa a permitir perdonar las deudas a Vox, PPC y Alianza Catalana, la derecha extrema y la extrema derecha que ven en este caso artillería mediática para sus discursos. El decreto ha sido avalado por los votos del PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP.
Un problema resuelto… prácticamente
La consejera, sin embargo, ha tragado saliva al tener que justificar que perdonaba deudas contraídas por beneficiarios de una prestación por una mala gestión del Gobierno. Una decisión delicada en un país donde la voracidad impositiva de la Administración es constante hacia los asalariados y autónomos. Martínez Bravo ha asegurado que el «problema está prácticamente resuelto» a través del cambio de sistema de control, con datos y sistemas automáticos. Para la consejera, el decreto no solo es una medida económica sino una medida de «justicia social». Y lo ha enmarcado en la «transformación profunda» del Gobierno en la atención a la infancia y la adolescencia y la gestión de las prestaciones.
Pero la oposición derechista no lo ha visto igual y ha aprovechado el estrado para alimentar sus argumentos contrarios a la asistencia social y el poder de la Administración así como posiciones que llegan a ser de xenofobia. Por un lado, la diputada del PPC, Lorena Roldán, no se ha contenido y ha descrito el decreto como la «constatación de un fracaso» y el reconocimiento explícito de que se ha gestionado mal. «Hoy se nos propone que renunciemos a recuperar dinero. ¿Quién se hará responsable?», ha preguntado con mala intención Roldán.
Pero la extrema derecha ha aprovechado para dar un paso más allá y aprovechar la brecha que les proporciona el decreto para forjar sus tesis. Por su parte, tanto la diputada de Vox María Elisa García como la diputada de Alianza Catalana Sílvia Orriols han defendido la deportación de los menores tutelados. «Lo único en lo que se debería invertir es en el billete de vuelta», ha dicho García.
