Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, será juzgada por un jurado popular por una presunta malversación de fondos públicos. Las investigaciones contra Gómez comenzaron por una denuncia de la entidad ultra Manos Limpias y posteriormente se sumaron Vox y Hazte Oír. El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar a Gómez el próximo sábado para concretarle la imputación.

En un auto de transformación que se ha dado a conocer este miércoles, el juez Peinado la cita a ella, a su asesora, Cristina Álvarez, y al delegado del gobierno español en Madrid, Francisco Martín Aguirre, para una comparecencia el próximo 27 de septiembre a las seis de la tarde, tanto Álvarez como Martín Aguirre también serán juzgados por un tribunal popular.

Posible uso inadecuado de fondos públicos

La imputación de Gómez por un presunto delito de malversación se conoció a mediados de agosto. El caso se refiere a una posible malversación de fondos públicos por la contratación de su asesora en la Moncloa y por el hecho de que ésta habría realizado tareas privadas para la esposa del presidente del gobierno español.

El presidente español, Pedro Sánchez, en una declaración desde la Moncloa / ACN

El juez ha transformado las diligencias

Según informa Europa Press, el juez dice que aunque en un principio «se consideró que no procedía la admisión a trámite de la querella» de Vox dirigida contra Gómez y Álvarez, «la delimitación del objeto del proceso es de cristalización progresiva». Y añade que «ni el atestado, ni la denuncia, ni la querella, como medios de iniciación del proceso penal, ofrecen una imagen fija del desenlace jurisdiccional de la fase de investigación». Así, el magistrado afirma que ha decidido transformar las diligencias después de la declaración de los tres investigados y de varios testigos, entre los que está el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

El juez recuerda que ni Gómez ni Álvarez contestaron, el 10 de septiembre, ninguna de sus preguntas, ni las de las acusaciones particulares ni las de la fiscalía. Gómez solo dialogó con su abogado, Antonio Camacho, unas respuestas las cuales «no permiten ser tenidas en cuenta en sentido exculpatorio». Durante cinco minutos, aquel día Gómez explicó los trabajos que realizaba su asesora. Se dedicaba a la organización de su agenda y a acompañarla a actos oficiales. También manifestó que ésta le hizo algún «favor» en ocasiones excepcionales y que desconocía el proceso de nombramiento de Álvarez como personal eventual de la Moncloa. Y señaló que la eligió por sus conocimientos y porque tenía una relación de amistad previa con ella.

Más causas abiertas

Además de ser investigada por presunta malversación, Gómez tiene abiertas otras causas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca.

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