Primer debate en el pleno del Parlamento sobre la crisis abierta en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). A primera hora de esta tarde, la consejera de Derechos Sociales y máxima responsable política de esta entidad de alta sensibilidad social, Mònica Martínez Bravo, ha tenido que responder a la primera interpelación directa de la oposición en la cámara catalana. Una interpelación presentada por la diputada de Junts, Enatu Domingo. Sin embargo, la consejera llevaba los deberes hechos y ha contextualizado la crisis abierta por las irregularidades y el escándalo de la menor violada bajo protección de la DGAIA por una red de pedófilos, por la que ha mostrado «consternación», en unos «problemas estructurales que arrastran desde hace diez años».
Después de criticar que los diferentes Gobiernos han permitido que la «DGAIA se haya deteriorado», ha anunciado que la próxima semana presentará un «plan de transformación integral de la DGAIA». Un plan que, según ha argumentado, se lleva trabajando desde hace meses y que en los últimos dos meses ha avanzado. Un plan del que no ha hecho más que referencias genéricas y que se basa en un «diagnóstico de un consenso trabajado durante años entre expertos, y las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas y de la Sindicatura de Agravios». Todo ello para proteger una «de las direcciones generales más importantes y con un impacto en el bienestar humano más grande». El plan esboza una «redimensión de los equipos», la «tecnificación de los perfiles» y garantizar suficientes recursos para una atención a la infancia «de excelencia».
«Depurar protocolos»
La consejera ha insistido en que el departamento ha comenzado a trabajar para frenar las «deficiencias importantes en el sistema de protección de la infancia» y «para que caiga todo el peso de la ley» sobre los culpables de la situación de la menor violada. Por ello, se ha comprometido a «depurar los protocolos para que estos no se repitan nunca más». En esta línea, ha insistido en cómo las deficiencias en la gestión y las irregularidades reclaman una «redefinición a fondo» de la DGAIA.
«La población catalana crece, la complejidad ha aumentado y la DGAIA no se ha adaptado», ha subrayado. Una reflexión que ha acompañado con cifras indicando que en diez años se ha incrementado en un 84% la asistencia de niños a la DGAIA, pasando de 8.100 a 14.400. «La DGAIA no se ha redimensionado», ha reprochado a pesar de amenazas como el uso de las redes sociales o los riesgos que comportan los servicios externalizados.
De ahí que ha justificado el relevo el pasado mes de febrero de la directora y el subdirector de la DGAIA, Isabel Carrasco, nombrada hace solo seis meses y también ha prescindido de su subdirector, Joan Mayoral, porque cualquier cambio de fondo necesita «un cambio de liderazgos». De hecho, se ha referido a un primer relevo cuando entró al Gobierno y ha justificado un segundo relevo, porque «con el primero no fue suficiente».
