Han tardado medio año, pero finalmente se constituirá la comisión de investigación en el Congreso sobre la trama andorrana de la Operación Cataluña. Según ha sabido El Món, la presidenta de la cámara baja española, la catalana Meritxell Batet, ha convocado a los grupos parlamentarios a la sesión constitutiva, que se ha fijado para el martes 28 de marzo, a la una y media del mediodía. Se pondrá en marcha la comisión y se establecerá el plan de trabajo y el calendario. Una constitución a solo dos meses de las elecciones municipales y que intentará aclarar los movimientos de la cúpula del ministerio del Interior y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra el soberanismo, especialmente, la parte de la operación parapolicial en Andorra.
El plenario del Congreso de Diputados votó la creación de esta comisión de investigación, que tiene que investigar las maniobras de la policía patriótica en el principado andorrano para obtener información financiera de los líderes soberanistas. Una operación que habría acabado con la intervención de la Banca Privada de Andorra, donde la familia Pujol Ferrusola tenía dinero, y paralelamente con el cierre de Banco Madrid, la filial española de la entidad. De hecho, los propietarios de los dos bancos remitieron en el Congreso una carta en la que pedían ser convocados como comparecientes a la comisión.
El PSOE participa con condiciones
La comisión nació como una iniciativa propuesta por ERC, Junts, el PDeCat, la CUP, Bildu y el BNG, justo después de que el juez andorrano admitiera a trámite la querella contra Rajoy y dos de sus ministros, Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, junto con tres altos cargos más. Después se apuntaron Podemos y, finalmente, el PSOE. Ahora bien, los socialistas están en la comisión con condiciones, como por ejemplo que solo afecte al periodo que la policía patriótica actuó bajo el gobierno del PP.
La investigación tiene su origen en una querella que presentó el Institut de Drets Humans d’Andorra de Andorra, el colectivo Drets y el expresidente de la BPA, Higini Cierco, como avanzó El Món. Un proceso judicial que ha quedado atascado en las comisiones rogatorias, pero que ahora la jueza de instrucción andorrana intenta espolear y reclamar en el Estado español que deje personar Rajoy y sus exministros Fernández Díaz i Montoro ante los tribunales andorranos, como han hecho ya el resto de querellados.
