En el estado español había un grupo de agentes que traficaban con información policial para fabricar expedientes con objetivos políticos. Esta era la tesis de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía cuando elaboró el denso informe Colombo. Un atestado de 2014, de 490 páginas al que ha tenido acceso El Món. Los investigadores describieron una red de policías y detectives privados que intercambiaban información, expedientes e investigaciones, judiciales o pre judiciales, a cambio de dinero. Es decir, lo que se llegó a conocer popularmente como ‘policía patriótica’. Una trama diversificada a través de diferentes unidades policiales y en distintos lugares del Estado español que emergió gracias a las pesquisas sobre la operación Catalunya.
Ahora bien, el informe —que identifica a varios policías adscritos a poderosas unidades policiales, como la Unidad de Delincuencia Fiscal y Financiera, la poderosa UDEF del CNP, o el servicio de información de la Guardia Civil— da un paso más allá. En este contexto, los investigadores sitúan como una de las piezas claves de la supuesta conspiración entre los detectives, las empresas de seguridad y las unidades policiales, el entorno más directo del Ministerio del Interior del gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. El embrión de aquella brigada política, por tanto, sería anterior al gobierno de Mariano Rajoy, el ejecutivo que siempre se ha vinculado a la policía patriótica.
En concreto, Alejandro Pérez Rubalcaba, hermano del que fue ministro del Interior y una de las figuras del PSOE, el ahora fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba. Además, la policía encontró una conexión entre los servicios secretos españoles y las compañías de seguridad privada a través del general Jesús del Olmo Castillo, como apoderado de una empresa de explosivos, que realizaba tareas para la trama coordinada por Método 3.
El informe Colombo fue archivado por la Fiscalía Anticorrupción y, posteriormente, por el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, cuando fue aportado en una de las piezas separadas del sumario de la operación Tándem, que investiga las actuaciones del comisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo.
Los expedientes, la clave
La pista que seguían los investigadores son los expedientes encontrados en el registro de la sede de Método 3 en Madrid, a raíz del caso Camarga, durante la investigación sobre la agencia de detectives privados que grabó, en un encargo mixto del PSC y el PPC, la comida-conversación entre la entonces líder de los populares en Cataluña, Alícia Sánchez Camacho, y la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, que fue la pieza clave para iniciar la instrucción contra la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol en la Audiencia Nacional.
En uno de los múltiples expedientes encontrados en el registro, siempre siguiendo el relato del atestado policial, los analistas de Asuntos Internos destacan el número 17764, relativo a tareas llevadas a cabo en la República Dominicana, uno de los presuntos destinos del dinero que se cobraba por el traspaso de información. Uno de los países que el informe detectó como sede de sociedades pantalla que servían para el cobro y el pago de facturas de servicios.
En detalle, sitúan Alejandro Pérez Rubalcaba como valedor, por parte del gobierno español, de las tareas que la agencia de detectives de Barcelona y Madrid y sus sociedades participadas podía hacer en la República Dominicana. Según el atestado, «Alejandro Pérez Rubalcaba podía interceder políticamente para que se resolviera a favor de las gestiones realizadas por Método 3”, enfatizando que el gobierno español estaba pendiente de los intereses de Método 3. Así, también señalan la relación personal de Alejandro con el exdirector de la agencia, Francisco Marco, y María Fernández Lado, expresidenta del grupo de seguridad privada Método 3.
Una multa retirada
Para los investigadores, las gestiones de Alejandro Pérez Rubalcaba para Método 3 llegaron al más alto nivel del Ministerio del Interior. De hecho, según este atestado, el hermano del que estuvo al frente del ministerio de abril de 2006 a julio de 2011, había avalado las tareas de la agencia de detectives porque compartía «intereses con el gobierno español». Es decir, daban a entender que Método 3 ejecutaba tareas concertadas con el ministerio y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Uno de los indicios con que el informe relaciona a Rubalcaba con el trato preferente de las agencias de detectives que supuestamente recogían información son unas «gestiones realizadas en noviembre de 2011 en el ministerio del Interior, cuando lo dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba».
Según los policías, las gestiones estaban encaminadas a «archivar un expediente sancionador abierto por la policía a Método 3 por faltas graves». Un expediente que podría haber supuesto el cierre de la agencia o una multa de hasta 600.000 euros. La «intermediación» de Alejandro Rubalcaba, con Justo Zambra, como secretario de Estado, habría conllevado el archivo del expediente. Finalmente, con Antonio Camacho, como ministro del Interior que relevó a Rubalcaba en el cargo, se archivó el caso a pesar de un informe contrario del Comisario en jefe de la Brigada de la Unidad Central de la Seguridad Privada, con número 4933 de 5 de febrero de 2013 que se incorporó al informe Colombo. Antonio Camacho actualmente es el abogado de Begoña Gómez la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el caso que está investigada por prevaricación y apropiación indebida. De hecho, Camacho es el abogado que se ha retirado del caso Pujol en representación de Grand Tibidabo.
Un contacto con los servicios secretos
El informe también destaca en la trama la figura de Jesús del Olmo Pastor, un personaje interesantísimo, como apoderado de Maxamcorp, antigua Unión Española de Explosivos, SA. Una empresa dedicada a los explosivos que después se transforma en Maxam Europe, SA, y cambia el objeto social asegurando que se dedica a la prestación de servicios de consultoría, asesoramiento y supervisión relativos a la regeneración de terrenos degradados, creación de masa vegetal y gestión del medio ambiente. Los policías ponen la lupa a del Olmo por su pasado como secretario general adjunto del CESID, el Centro Superior de Información de la Defensa, es decir, el padre del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los servicios secretos españoles. De hecho, los responsables de Método 3 lo llamaban «el coronel».
De hecho, el informe Colombo destaca su pasado como general del Cuerpo Jurídico Militar y su influencia dentro del aparato de información del Estado. Del Olmo había sido miembro del gabinete técnico del ministerio de Defensa desde 1981, como auditor del cuerpo jurídico de la Defensa. Pero, el que fue ministro de Defensa después de Narcís Serra, Julián Garcia Vargas, lo nombró jefe de gabinete del ministerio y desde entonces no se ha movido de la parte alta de la administración de la defensa del Estado. En 1993 añadió a este cargo el de director de Relaciones Sociales e Informativas de la Defensa y ese mismo año fue ascendido a general de brigada, entonces el general más joven de España.
Ahora bien, su destino cambió en julio de 1995 cuando, junto con el general Félix Miranda, encabezó la dirección del CESID, en una reforma impulsada por el entonces ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, con Felipe González como presidente. Por un lado, Miranda ocuparía la dirección del centro y Del Olmo sería secretario general. Rubalcaba defendía entonces que el director del CESID «debía viajar mucho» y por tanto, «necesitaba un sustituto con plena capacidad de gobierno y coordinación de las unidades operativas», según recogen las crónicas de la época. Del Olmo se lo tomó en serio. La historia interna del CESID lo hace responsable de la creación de «el Ala 25», la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME). Es decir, un grupo de espías que no tenían relación directa con Miranda y que controlaba Del Olmo. Miranda dimitió tras la victoria del PP, en marzo de 1996 y Del Olmo pasó a la reserva el mes de abril, pero, una vez jubilado, se dedicó a la actividad privada que Asuntos Internos de la Policía investigó, sin que ningún juez ni fiscal abriera diligencias de investigación.
