La operación Catalunya va camino de acabar en manos de la Fiscalía. ERC y Junts han hecho frente común este miércoles para pedir formalmente al Congreso de los Diputados que lleve el caso al ministerio público. Lo han hecho registrando una petición en la Mesa de la comisión de investigación de estos hechos, solicitando que se trasladen tanto los audios difundidos por El Món como las «falsedades» y los «indicios de criminalidad» que se desprenden de las comparecencias ante la comisión de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal y Alícia Sánchez-Camacho.
El documento lo firman ambos partidos catalanes, tal como ya anunciaron el lunes tras la comparecencia de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que negó la veracidad de los audios y aseguró que la operación Catalunya era «una ficción». En este sentido, las dos formaciones consideran que tanto Cospedal como la exlíder del PPC Sánchez-Camacho –que también compareció el lunes- «dieron respuestas manifiestamente falsas», al igual que –sostienen- lo habían hecho previamente el expresidente del gobierno español Mariano Rajoy y el exministro Jorge Fernández Díaz.
«Durante sus intervenciones ante esta Comisión, estos comparecientes negaron cualquier implicación en esta operación, afirmando que la única operación Catalunya fue ‘el golpe de estado de los independentistas catalanes'», apuntan en el escrito recogido por la ACN, donde se indica que estas afirmaciones contrastan con los audios que «demuestran la participación activa de todos ellos en las actividades investigadas». «En particular, estas grabaciones revelarían conversaciones entre la señora Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo, en las cuales se discuten estrategias para obtener información comprometida contra líderes independentistas catalanes como Artur Mas y Oriol Junqueras así como varios representantes del mundo económico y social catalán», insisten.
Pendientes del PSOE para investigar un delito de falso testimonio
Cabe recordar que el artículo 502 del Código Penal establece que mentir en una comisión de investigación parlamentaria «puede constituir un delito de falso testimonio», y que la Ley orgánica 5/1984, de 24 de mayo, en el artículo 3.2, dispone que «si de las manifestaciones de un compareciente se deducen indicios racionales de criminalidad, la Comisión debe notificarlo a la Mesa de la Cámara para que esta lo ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal». Por ello, ERC y Junts piden llevar el caso a la Fiscalía. Para que la petición prospere, las formaciones independentistas deberían conseguir el apoyo del PSOE, que aún no se ha pronunciado al respecto.
