Un año y cuatro meses es el que ha tardado la fiscalía a archivar una de las denuncias más comprometedoras de la Operación Cataluña. Según ha podido saber El Món, el ministerio público ha decidido vallar el paso a la denuncia que interpuso el ex jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña Narciso Ortega contra la exministra de Defensa y ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, así como contra el coordinador de la policía patriótica, el comisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo.

La denuncia se basaba en las conversaciones difundidas por El Món entre el exlíder y actual senadora del PP, Alícia Sánchez Camacho, y Villarejo donde incorporaban Ortega en una “lista negra” de independentistas que hacía falta vigilar y obtener información que los pudiera perjudicar. Además, aportaba prueba documental de seguimientos al comisario Ortega por parte de efectivos de la policía patriótica, así como varias anotaciones en las agendas de Villarejo aportadas a la causa Tándem, en el juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. De momento, la defensa de Ortega, que dirige el abogado Jordi Pina, está pendiente de si recorren contra la decisión o abren la vía judicial directamente.

El comisario José Manuel Villarejo, en un momento de su intervención/ACN
El comisario José Manuel Villarejo, en un momento de su intervención / ACN

Barcelona sí que la admitió

De hecho, la fiscalía de Barcelona admitió la denuncia y abrió las diligencias de investigación 307/2022 porque consideraba que los hechos denunciados por el comisario Ortega “podrían ser constitutivos de delito“. Pero a finales de julio de 2022, el mismo ministerio público entendió que los hechos correspondían a la fiscalía de Madrid donde remitió las diligencias, y no ha estado hasta esta semana que ha comunicado el archivo al denunciante alegando que no veía delito y, en todo caso, si hubiera podrían haber prescrito.

La denuncia se basa en las informaciones y audios publicados por El Món donde se constataba que Ortega fue represaliado porque dirigentes del gobierno de Mariano Rajoy y líderes del PP en Cataluña entendía que festejaba con el independentismo. El escrito dirigido a la fiscalía recordaba que el comisario Ortega fue nombrado jefe superior en Cataluña el 29 de julio de 2008, por orden del entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Fue destituido el 17 de enero de 2012 por Fernández Díaz por, según la denuncia, “motivos puramente ideológicos y en el marco de asedio a todo el mundo que estuviera relacionado con el movimiento independentista”.

Dolores de Cospedal con Jorge Fernández Díaz i Pedro Morenés en una imagen de archivo/MdI
Dolores de Cospedal con Jorge Fernández Díaz i Pedro Morenés en una imagen de archivo/MdI

El PP, en el trasfondo

La defensa de Ortega razonaba que a la vista de los audios y los documentos publicados se podía concluir que “la Operación Cataluña estaba orquestada desde la cúpula del Partido Popular y del gobierno, a quien el comisario Villarejo reportaba sobre el avance o no de las investigaciones prospectivas que habían iniciado”. En concreto, los informes que pasaba a Cospedal, Fernández Díaz y Francisco Martínez y que avalan varios audios publicados. De aquí que la denuncia se dirija contra los tres responsables políticos y contra Villarejo. Incluso, en una conversación de Villarejo a Cospedal el comisario informó que Ortega “cobraba de los catalinos“.

La denuncia entendía que todos participaron de la confección de pruebas falsas dirigidas a intimidar, perjudicar o desprestigiar personas relacionadas presuntamente con el independentismo, así como obtener información. Todo con “recursos del Estado para llevar a cabo una auténtica persecución de quien se consideraba adversarios políticos, absolutamente impropia de un régimen democrático”. A Sánchez Camacho no la denunciaba porque en aquel momento estaba aforada en el Tribunal Supremo.

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