El exministro del Interior italiano, el ultraderechista Mateo Salvini, que actualmente lidera la vicepresidencia del gobierno de Giorgia Meloni, se sentará en el banquillo por el caso del Open Arms. La Fiscalía de Palermo le acusa de secuestro y abuso de poder por impedir el desembarco de la ONG en la costa italiana de Lampedusa en octubre de 2019, cuando llevaba a bordo a 147 migrantes, y pide seis años de cárcel. La defensa del político italiano mantiene la tesis de que Salvini seguía la estrategia del gobierno liderado entonces por Giuseppe Conte, pero los fiscales ven más un interés electoral. La vista ha durado siete horas y se han leído el nombre de los 174 migrantes que estaban esos días en el Open Arms. El 18 de octubre será el turno de la defensa de Salvini.
La fiscal Marizia Sebella apunta, en su acusación, que la negación «consciente y voluntaria» dañó «la libertad de cada una de las 147 personas [que había en el Open Arms]» y que «no había ninguna razón». Otro fiscal, Calogero Ferrera, tacha la acción de Salvini de no ofrecer un puerto seguro de «acción criminal», según recoge la vista la agencia de noticias italiana ANSA. «Se mantuvo a bordo a menores en violación de todas las convenciones nacionales e internacionales. ¿Y quién era el interlocutor? El ministro de Interior, Matteo Salvini», apuntó.
La fiscalía aún ha añadido un apunte más: «Hay un principio clave que no es discutible: en nuestro sistema, afortunadamente democrático, los derechos humanos prevalecen sobre la protección de la soberanía del estado». En este caso, Ferrera apunta que las personas que están en el mar se «deben rescatar» más allá de si es «un migrante, un tripulante o un pasajero». Es más, el jurista detalla que el Derecho Internacional de la Convención de TAR dice que incluso debería salvarse un traficante de seres humanos o un terrorista, en caso de estar en peligro.
Meloni, del lado de Salvini
Mientras tanto, y a la espera de la vista del próximo 18 de octubre, la defensa de Salvini ha acusado a la fiscalía de «hacer política». Salvini, ahora ministro de Transportes, en un tuit, ha tildado la petición de los fiscales de «locura», excusándose en la «defensa de Italia». «Defenderla no es un crimen y no me rendiré, ni ahora ni nunca», apunta el político ultra en las redes.
La presidenta del gobierno italiano, Giorgia Meloni, también ha criticado la petición de la fiscalía. Meloni, que en estos momentos se ha erigido en una de las líderes europeas de la extrema derecha, ha defendido a Salvini, que no forma parte de su partido pero sí de su gobierno. «Es increíble que un ministro de la República Italiana corra el riesgo de terminar seis años en prisión por haber ejercido su trabajo defendiendo los confines de la Nación, como perdía el mandato recibido por los ciudadanos».
Open Arms celebra la decisión de la fiscalía
La ONG badalonesa ha celebrado la petición de siete años que pide la fiscalía, remarcando el precedente que supone la decisión. Open Arms, que remarca que justo ahora se llega al término de un proceso judicial «interminable», recuerda que son cinco años de lucha en los juzgados en un caso «muy particular». «Conseguimos una sentencia del TAR anular el decreto de Salvini para entrar en aguas italianas, y fue tan grave que intervino la fiscalía para realizar el desembarco 19 días después», ha recordado el fundador de la entidad, Óscar Camps. «Fuimos vigilados de forma ilícita por el gobierno, solo se nos vigiló buscando imputarnos por cualquier acción u omisión que pudiera ser probada en la justicia», insiste en un comunicado en las redes.
El fundador de la ONG remarca que es un día «importante» para la justicia italiana y europea. «Estamos contentos con esta actitud y nos emocionó cuando los fiscales dedicaron su alegato a las personas rescatadas», ha dicho Camps.
