Salvem Cal Macià ha anunciado que convocará una protesta para este próximo 25 de diciembre, día de Navidad, para exigir al Ayuntamiento de Alcarràs (Segrià) y a la Generalitat de Catalunya que expropien la casa del presidente Macià en Vallmanya. La entidad ha denunciado «el engaño» de las administraciones públicas catalanas, que hace un año se comprometieron a salvar la que fue residencia familiar de Francesc Macià.
La víspera de Navidad del 2023 el Ayuntamiento de Alcarràs, la Diputación de Lleida y la Generalitat se comprometieron a «adquirir y rehabilitar» la casa Macià. Un año después, nada se ha movido, denuncian. «El engaño perpetrado se hace más evidente que nunca: ni se ha comprado la casa por parte del Ayuntamiento, ni se ha llevado a cabo ninguna actuación efectiva para intentar protegerla».
La entidad denuncia que el propietario de la casa continúa enrocado en su posición de no vender la casa, pero tampoco rehabilitarla, ya que se encuentra en estado ruinoso. Salvem Cal Macià critica que ninguna administración le haya sancionado por tener la casa en «estado de abandono» y tampoco han iniciado las obras que debían hacer las administraciones de manera subsidiaria, tal como se había acordado.
La compra de Cal Macià, atascada
En primavera, el alcalde de Alcarràs, Gerard Companys, aseguró que la compra de la casa Macià de Vallmanya estaba atascada porque el propietario condiciona la venta a que el consistorio le concediera un permiso de obra. El dueño de la casa quiere construir un campo cerrado para evitar que los conejos le dañen los cultivos, pero el consistorio tiene dudas sobre la legalidad de la obra y, por lo tanto, no da el paso. Además, ha solicitado informes a los departamentos de Territorio y Acción Climática, así como a la Agencia Catalana del Agua (ACA), que en ese momento aún no habían llegado.
Nadie quiere cuidar la casa de Vallmanya
En septiembre del año pasado, Salvem Cal Macià ya denunció que la casa estaba en «riesgo de derrumbe inminente» por el conflicto de competencias entre la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento. Ninguna de las tres administraciones quiere hacerse cargo del edificio e intenta pasar la pelota a la de al lado. De hecho, la Generalitat incluso ha rechazado catalogarla como bien cultural de interés nacional (BCIN), lo que demuestra que los técnicos «no tienen ni los conocimientos, ni la pericia, ni las lecturas necesarias para haberlo redactado», aseguran.
Hace justo un año, el Departamento de Cultura, la Diputación de Lleida y el Ayuntamiento de Alcarràs anunciaron un acuerdo para comprar la Casa Vallmanya, que debía pasar a formar parte de la Red de Espacios de Memoria Democrática de Catalunya. El anuncio se hizo tres días antes del 90º aniversario de la muerte del presidente Francesc Macià, pero justo cuando está a punto de conmemorarse el 91º aniversario no hay ninguna novedad. La compra y la restauración se habían valorado en 920.000 euros, que Cultura y la Diputación debían pagar a partes iguales al Ayuntamiento de Alcarràs para que realizara todas las gestiones.
