Más de un año de trabajos de la comisión de investigación de los atentados del 17-A de Barcelona y Cambrils que ha dejado patente la relación del imán de Ripoll, Abdelbaky Es Satty, con los servicios de seguridad españoles, el Estado no deja de sorprender. La abogacía del Estado, que depende de la Moncloa, no ha tenido mejor ocurrencia que reclamar los costes a las víctimas de los ataques y los Mossos d’Esquadra que participaron en su neutralización, así como a los condenados que presentaron recurso de casación e incidente de nulidad de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional.
Según ha podido saber El Món, el Abogado del Estado ha presentado sendas tasaciones de costas por importes de 7.726 euros y 883,44 euros, es decir, un total de 3.609 euros, ante la sala penal del Tribunal Supremo. En concreto, reclama el dinero de su oposición a los recursos presentados tanto por cinco mossos d’esquadra como por tres víctimas, entre las que se encuentran los padres de Xavier Martínez, el niño de 3 años asesinado en la Rambla e impulsor social y civil de la comisión de investigación y del derecho a saber la verdad sobre el 17 de agosto de 2017.
Ambos recursos eran necesarios para agotar la vía jurisdiccional y poder acceder al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), dos instancias que no modificaron ninguna de las decisiones judiciales para aplicar el derecho a saber la verdad. Es decir, un derecho de tercera generación que sostiene la legitimidad de la ciudadanía y de las víctimas de un delito de tener el derecho a saber más allá de la verdad judicial. En este caso, aclarar los puntos oscuros de la instrucción como el papel del imán o el trabajo de prevención de los servicios de información del Estado.
Dos minutas
En resumen, el Abogado del Estado reclama el pago por el incidente de nulidad, unos honorarios de 850 euros y 33,44 euros de derechos de representación. En cuanto al recurso de casación, solicita el pago de 2.600 euros que desglosa en 126,32 de derechos de representación y 2.600 euros de honorarios. Dos importes a los que añade 159,76 euros del procurador. En total, la factura asciende a 3.609 euros.
