El apagón eléctrico general en todo el estado español de este lunes ha abierto las puertas a un nuevo choque institucional. Ante el apagón informativo del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y mientras continúan los gestos en el mismo sentido y los gestos del Gobierno de Salvador Illa en la Generalitat, la alta judicatura ha decidido abrir su camino. Una decisión que debilita la posición del poder ejecutivo, que intenta frenar las especulaciones sobre la posible causa de la falla que dejó sin suministro eléctrico a la península Ibérica pero no da ninguna explicación alternativa.
Después de que la misma compañía responsable de la red eléctrica, Red Eléctrica Española, haya descartado un ciberataque como causa del corte, la Audiencia Nacional ha abierto diligencias por un posible «sabotaje informático» que se podría encuadrar en el delito de terrorismo. Un proceso judicial que se adelanta a una posible denuncia del ministerio fiscal y que va mucho más allá del posicionamiento de Pedro Sánchez, que se ha limitado a advertir que «no se descarta», por ahora, ninguna causa del apagón.
De hecho, el mismo presidente español ha ordenado la creación de una comisión de investigación para averiguar las causas de la falla. De momento, se apunta a una «falla técnica» que necesita tiempo para saber con detalle sus causas. Por su parte, el gobierno Illa ha anunciado la apertura de un expediente informativo a Endesa y Red Eléctrica. Todo ello, “con estrecha colaboración” con el gobierno español y “con espíritu constructivo”. En este contexto, Portugal ha solicitado a la Unión Europea una auditoría independiente para conocer las causas del apagón. Por otra parte, esta tarde se ha conocido que la empresa matriz de Red Eléctrica, Redeia, ya advertía hace dos meses de un apagón de este tipo.
El juez va por trabajo
La estrategia de ganar tiempo que parecen perseguir tanto la Generalitat como, sobre todo, la Moncloa choca con el acelerador de la Audiencia Nacional, que ha puesto la directa. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, el juez del caso Pegasus, ha dictado una resolución por un posible delito de terrorismo de un delito de terrorismo del artículo 573.1 y 2 del Código Penal.
La misma resolución va por trabajo y ordena como primeras diligencias requerir al Centro Criptológico Nacional, (CCN) el brazo informático del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y a Red Eléctrica la elaboración de sendos informes para que en un plazo improrrogable de diez días indiquen la o las causas que motivaron el apagón. Es decir, ordena tener alguna clase de explicación de manera rápida, si se tienen presentes los plazos de los expedientes administrativos o de una comisión de investigación.
Por otra parte, el juez activa una de las unidades de élite del Cuerpo Nacional de Policía, la Comisaría General de Información, para que, también en un plazo de diez días, presente un informe preliminar sobre los hechos acontecidos. De hecho, esta es la comisaría responsable de la investigación de los delitos de terrorismo. Por cierto, una unidad que fue utilizada en la causa Volhov de la supuesta trama rusa del Procés o que ha llevado investigaciones contra el yihadismo o grupúsculos de extrema derecha.
Dos maneras de asumir un problema
Ante la taxatividad de la Audiencia Nacional, que últimamente no tiene mucha buena sintonía con el poder ejecutivo, la Moncloa aboga por la prudencia y ganar tiempo. Sánchez argumentaba este mediodía la necesidad de la comisión de investigación como una manera «de llegar al fondo de la cuestión». Por eso defiende «las reformas necesarias» y «medidas para que esto no vuelva a pasar». También ha añadido la exigencia de «las responsabilidades pertinentes a los operadores privados”. “Somos conscientes de que la ciudadanía y los medios de comunicación tenemos preguntas, y somos los primeros interesados en responder, y exigiremos las responsabilidades a los operadores privados si se deben dirimir”, ha admitido Sánchez en una comparecencia este mediodía. La comisión a la que se ha comprometido Sánchez estará liderada por el Ministerio de Transición y “contará con la colaboración de otros organismos en materia de ciberseguridad y también en relación con la CNMC”.
La búsqueda de las causas es lo que, en principio, marca la agenda política. Además, en un ambiente donde han aparecido diversas teorías sobre el inicio de la crisis energética. En un primer momento, apareció como factible un incendio en una línea de alta tensión entre Perpiñán y Narbona. Una tesis absolutamente desmentida por las autoridades francesas. Tampoco ha prosperado la hipótesis de un fenómeno atmosférico, descartado por la misma Aemet o una falta de cobertura de demanda no satisfecha. De momento, no se ha descartado del todo un posible ciberataque o un sabotaje informático, pero ahora varias voces apoyan la tesis de una falta de coordinación y gestión en la producción de energías renovables respecto al consumo en línea.
Para intentar reducir la presión política y mediática, Sánchez ha telefoneado esta tarde al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre el apagón y se ha comprometido a seguir informando al primer partido de la oposición sobre las «posibles novedades» de la situación de emergencia. Según informan fuentes del ejecutivo y de los populares, tanto «Moncloa y como Génova coinciden en que la llamada ha sido cordial y ha servido para informar al líder de la oposición de la situación generada por el apagón». Sin embargo, sin que Sánchez haya dado más información. Por otra parte, esta noche Sánchez se ha reunido con los operadores privados de la energía eléctrica. De hecho, estas operadoras están integradas en el «Sistema Nacional de Infraestructuras Críticas» del Departamento de Seguridad Nacional así como en el comité de crisis que articuló Salvador Illa tan pronto como se inició la crisis este lunes al mediodía.
