La reforma del estatuto marco de los profesionales del sistema sanitario, la cual continúa dilatándose en la Moncloa, ha vuelto a poner sobre la mesa una de las reclamaciones que desde hace años el colectivo de enfermeras exige: la reclasificación profesional. Los diferentes sindicatos de enfermeras del país llevan tiempo reclamando que se las coloque en la categoría profesional que les corresponde, ya que actualmente forman parte del grupo profesional A2, pero les correspondería formar parte del grupo superior, el A1. De hecho, este ya fue uno de los motivos por los que las organizaciones sindicales de enfermería se unieron en diciembre de 2023 en una huelga sin precedentes, la cual se extendió cerca de dos meses, que puso contra las cuerdas al entonces responsable de la consejería de Salud, Manel Balcells. Casi dos años más tarde, sin embargo, el conflicto sigue muy vivo, y no parece estar cerca de resolverse.
Más allá de los embates sindicales, las enfermeras que no están vinculadas a ninguna organización de este tipo también han comenzado a unirse para presionar a la administración catalana. De hecho, más de mil quinientas profesionales del sector se han organizado a través de un canal de Telegram, llamado Infermeres A1, para reclamar la reclasificación: «No somos un movimiento vinculado a ningún sindicato ni a ningún partido político», detalla Marta Musté, enfermera y representante del grupo que gestiona redes sociales de la plataforma, en conversación con El Món, donde recuerda que este movimiento nace de gente «de las trincheras» que ya está «harta». Al igual que las organizaciones sindicales, este nuevo colectivo de enfermería busca blindar el cambio de categoría en la reforma del estatuto sanitario que trabaja la Moncloa. Un cambio de categoría que también debe ir acompañado del incremento económico correspondiente, ya que denuncian que, según queda estipulado en los últimos borradores presentados por el gobierno español, se produce una «brecha salarial» de entre trescientos y cuatrocientos euros mensuales en comparación con otros profesionales reconocidos en la categoría A1.
El detonante del conflicto
Actualmente, las enfermeras tienen la categoría A2 en la escala de trabajadores de la administración pública, pero desde hace años reclaman pasar a formar parte del grupo A1. La diferencia entre ambos grupos es que, para acceder al A1, es necesario tener una carrera universitaria, mientras que para formar parte del A2 solo se requiere una diplomatura. Y entre las dos categorías hay diferencias en la retribución económica. Aunque inicialmente la enfermería era una diplomatura de tres años, a raíz del Proceso de Bolonia, que es como se conoce el conjunto de medidas que se aplicaron en el año 1999 para configurar el espacio europeo de enseñanza superior, pasó a ser una carrera universitaria de cuatro años. Es en este contexto, pues, donde nace la reclamación de las enfermeras, ya que, a pesar de contar con todos los requisitos para formar parte de la categoría A1, siguen estancadas en el grupo A2. De hecho, en esta línea, Marta Musté recuerda que, además de los estudios universitarios, algunas profesionales del sector también dedican años a prepararse las pruebas de especialidad -las cuales conllevan mucha preparación- para poder ejercer su trabajo, como por ejemplo en el caso de las matronas.
La infracategorización también tiene un impacto económico. Por ejemplo, tal como queda estipulado en la tabla de retribuciones de los profesionales de la administración pública, una enfermera dentro de la categoría A2 tiene un sueldo bruto de 2.512 euros brutos al mes, mientras que si formara parte del grupo A1 el sueldo subiría hasta los 2.953 euros brutos al mes. Una diferencia de 440 euros cada mes que las enfermeras ‘pierden’ por no estar reconocidas en la categoría profesional que les corresponde. Estos agravios, pues, son los principales motivos por los que los trabajadores de este sector han llegado al límite: «Nosotras ya asumimos más competencias de las estipuladas por buena voluntad [hacia los pacientes]», recalca la representante de las redes de la plataforma, que también asegura que el «desgaste» que provoca el menosprecio de la profesión por parte de la administración y la sobrecarga de trabajo empuja a algunas enfermeras a «colgar la bata» antes de tiempo. «No somos mini médicos», exclama. De hecho, teniendo en cuenta esta situación, Musté reclama «una jubilación anticipada» porque se trata de una «profesión de riesgo».
Hartas de la inacción política, las enfermeras se han organizado para poner sobre la mesa, una vez más, sus reclamaciones, aunque lamentan que aún no se sienten lo suficientemente escuchadas, ni dentro del mismo sector: «No sentimos el apoyo de los colegios y las universidades», admite la representante de la plataforma. Ahora bien, a pesar de las quejas y las discrepancias internas, la reclasificación profesional es el objetivo común de los trabajadores y los sindicatos en las negociaciones contrarreloj por el nuevo estatuto sanitario. Y este frente común ya se comienza a ver reflejado en los borradores con los que trabaja la Moncloa, ya que antes de las últimas protestas del sector, este cambio de categoría había pasado prácticamente inadvertido entre las filas del ministerio de Sanidad.
