El intrusismo laboral en las cirugías estéticas es una de las grandes amenazas del sector. Para frenarlo, el Ministerio de Sanidad, dirigido por la ministra Mónica García, impulsó una orden ministerial que limitaba el permiso de realizar cirugías estéticas a las personas con la formación específica correspondiente. La Audiencia Nacional, sin embargo, suspendió cautelarmente la orden ministerial del gobierno español. Ahora, la cartera de García trabaja en nuevas medidas reguladoras dotadas de mayor seguridad jurídica para que solo los médicos con formación especializada puedan realizar cirugías estéticas. Aun así, el ministerio, siguiendo los consejos de la Abogacía del Estado, ha optado por no recurrir contra la resolución judicial.
A pesar del revés de la Audiencia Nacional, la cartera de Sanidad del gobierno español afirma que «mantiene el compromiso con la lucha contra el intrusismo en la medicina para que las intervenciones sean realizadas exclusivamente por profesionales con la especialidad adecuada para una mayor calidad y seguridad del paciente«. Así pues, el ministerio asegura que está trabajando en alternativas reguladoras diferentes de la orden ministerial recurrida, con el objetivo de que el ejercicio profesional de la cirugía estética se limite a médicos con la especialidad en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora y aquellos con otra especialidad quirúrgica o medicoquirúrgica que incluya competencias en cirugía estética en el programa formativo oficial.
El primer intento de frenar el intrusismo
El Ministerio de Sanidad lleva meses intentando frenar -o, al menos, limitar- el intrusismo laboral en el sector de la cirugía estética. De momento, sin éxito. El pasado 21 de septiembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la orden ministerial de modificación del real decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el cual se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Según detalla la cartera que lidera Mónica García, esta orden buscaba garantizar que los procedimientos sean realizados exclusivamente por profesionales con la formación y titulación adecuadas. Consideran que, de esta manera, responderían al aumento de la demanda social y sanitaria para controlar mejor este tipo de actividades «ante la proliferación de centros en un sector que ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años». La Audiencia Nacional, sin embargo, suspendió cautelarmente la orden ministerial. Un movimiento que vuelve a colocar al gobierno español en la casilla de salida en la guerra contra el intrusismo laboral.
