Un total de 48.000 euros. Esta es la indemnización que propone la Comisión Jurídica Asesora al Gobierno para pagar a dos personas que tuvieron que esperar ocho años a que los Mossos d’Esquadra les comunicaran la identificación del cadáver de un familiar. Así lo determina un dictamen del organismo –el 314/2025, al que ha tenido acceso El Món– a raíz de una reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración, instada por los familiares después de que el Departamento de Interior se sacudiera las pulgas por la negligencia de la policía de la Generalitat en el caso. De hecho, lo califican de «funcionamiento anormal del servicio público policial», del cual ni Interior ni su aseguradora querían hacerse cargo alegando «falta de nexo causal entre el daño reclamado y el funcionamiento de la administración».
Según el dictamen, de 27 páginas y del cual ha sido ponente Lucía Casado, la familia tuvo que esperar hasta ocho años y medio a que los Mossos le comunicaran que la Guardia Civil había identificado el cadáver. Los juristas destacan las «circunstancias vividas» por parte de los familiares que, «además de la incertidumbre y la angustia sufridas por el hecho de vivir pendientes de si su familiar podría aparecer en un momento u otro, han tenido que tramitar diferentes procedimientos judiciales de jurisdicción voluntaria ante el Juzgado de Primera Instancia». «Los familiares han sufrido un daño moral», sentencian.
Doce años de inquietud e incertidumbre
El caso se remonta al mes de febrero de 2010, cuando la persona fallecida desapareció en la playa. Los familiares denunciaron en la comisaría de los Mossos d’Esquadra la desaparición el mismo día –en el dictamen no se especifica la fecha–, tres horas después de que fuera vista por última vez. Se abrieron diligencias policiales. En mayo del mismo año apareció en la playa un cadáver sin identificar que fue analizado por el departamento de biología de la Guardia Civil y se abrieron diligencias en un juzgado de instrucción.
En marzo de 2014, a través del programa de identificación de perfiles genéticos, CODIS, se produjo lo que se llama match, esto es coincidencia de perfiles genéticos. El instituto armado, una vez obtenida esta coincidencia, remitió un correo electrónico al Laboratorio de Genética de los Mossos d’Esquadra, solicitando un «intercambio de información policial» por el hallazgo de un cadáver sin identificar. Los Mossos respondieron aportando datos de los familiares y de las diligencias policiales instruidas. El mismo mes de marzo, el departamento de Criminalística de la Guardia Civil identificó el cadáver y lo remitió al juzgado de instrucción y a los Mossos d’Esquadra. El 20 de noviembre de 2020, el juzgado de instrucción declaraba la muerte de la persona desaparecida porque habían pasado diez años desde la última vez que se le había visto.
A partir de aquí, la Comisión Jurídica Asesora, considera que se perpetró «el anormal» servicio policial, descubierto gracias, en cierta manera, a la casualidad. En junio de 2022, el Centro Nacional de Desaparecidos realizó una auditoría que detectó discrepancias entre las bases de datos policiales. La sorpresa fue que, en este caso, los Mossos no disponían de muestras de ADN de los familiares porque se habían borrado del CODIS en noviembre 2016, dos años después de identificarse el cadáver por parte de la Guardia Civil. Cuando los Mossos investigaron este borrado de datos, recuperaron el expediente del caso y comprobaron que la fallecida había sido identificada en 2014. No fue hasta octubre de 2022, doce años después de la desaparición y ocho años y medio después de la identificación, que los Mossos comunicaron a los familiares la localización del cadáver y el nicho donde había sido enterrado. La familia reclamaba 133.500 euros de indemnización que los abogados del Gobierno proponen reducir a 48.000 euros, más los intereses.
