El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tendrá que responder por escrito sobre las posibles irregularidades financieras de Jupol, el sindicato mayoritario del Cuerpo Nacional de Policía y con conexiones con Vox. Los portavoces de Unidas Podemos y En Comú Podem han registrado una batería de preguntas para intentar aclarar si los gastos presumiblemente irregulares de Jupol, que han sido también llevados al juzgado, se habrían llevado a cabo con dinero procedente de las subvenciones públicas y de las cuotas de sus afiliados.
En concreto, la pregunta parlamentaria registrada el pasado 12 de enero y firmada por los diputados Enrique Santiago y Ismael Cortés, pide explicaciones sobre el gasto de 360.000 euros a través del uso de 97 tarjetas de crédito en manos de los responsables del sindicato policial. El sindicato, por su parte, una vez se difundió la noticia que estos gastos eran investigados por el juzgado, aseguró que la jueza que investiga el caso solo ha pedido los justificantes y las facturas de los reintegros en efectivo a las delegaciones provinciales, a la vista que la organización ya le ha hecho llegar «de manera voluntaria» las auditorías de las cuentas. De hecho, su secretario general, Aarón Rivero, presentó las cuentas del 2019-2021 el pasado 25 de enero en el mismo Congreso con el comentario de que ahora los de «Podemos ya pueden dormir tranquilos».
Polémica por la información de Interior
De hecho, las primeras informaciones sobre la investigación aparecieron el julio pasado en el diario
De acuerdo con estas informaciones que posteriormente han sido ampliadas en medios como
Preguntas sobre el destino del dinero
En este sentido, la pregunta parlamentaria a la cual ha tenido acceso este diario, pide «si es cierto que entre los gastos efectuados con estas tarjetas de crédito constan compras a Zara, Cortefiel, de juguetes, gastos farmacéuticos en Viagra, pago de ITV de vehículos y gastos en hoteles de los familiares de dirigentes del sindicato». Así mismo, preguntan si se han encontrado justificaciones o apuntes contables imprecisos y ajenos en el Plan General de Contabilidad como «efectivo perdido» o «factura no legible» o bien «tickets» o bien con nombres incompletos de los acreedores.
El sindicato niega estas irregularidades, pero la jueza continúa la investigación. Es más, el informe de Asuntos Internos difundido por uno de los denunciantes que tiene la jueza desgrana de pe a pa los gastos denunciados que abrieron el proceso. Ahora, la mesa de la cámara baja española, que preside Meritxell Batet, ha admitido a trámite la pregunta y ha incoado el expediente para que el ministerio del Interior de alguna respuesta.
