El Departamento de Interior, dirigido por la consejera Núria Parlon, afirma que está revisando el uso del gas pimienta con el objetivo «de optimizar su aplicación, reducir su carácter lesivo y ajustarlo a los estándares internacionales de uso proporcional de la fuerza». Así se desprende de una respuesta parlamentaria de la consejería a una pregunta formulada por los Comunes, a la cual ha tenido acceso la Agencia Catalana de Noticias (ACN). En esta misma respuesta se apunta que, una vez finalice la revisión oficial, se publicará una instrucción técnica específica para el uso del gas pimienta por parte de la policía catalana.
A pesar de las críticas de las entidades sociales, el Gobierno vuelve a justificar haber utilizado este gas en las protestas en apoyo a Gaza y a los activistas de la Flotilla del pasado octubre y ha asegurado que, en el momento de cierre del operativo policial de aquellos días, no se tuvo constancia de ninguna persona lesionada a causa del spray. En este sentido, la consejería de Interior insiste también que el gas pimienta es una de las herramientas «menos lesivas» de que disponen los Mossos d’Esquadra para garantizar el mantenimiento del orden público y ha remarcado que su uso está limitado a unidades concretas como la BRIMO, la ARRO y el Grupo Especial de Intervención. También apuntan que su uso está sometido a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.
Las protestas en apoyo a Palestina
La intervención de la policía con gas pimienta en las manifestaciones del pasado mes de octubre en apoyo al pueblo palestino ha sido muy criticada por diversas entidades sociales y formaciones políticas. Tal como ya han expresado en diversas ocasiones, sin embargo, el Gobierno asegura que el uso de esta herramienta por parte de los Mossos estaba justificado. En esta misma respuesta parlamentaria, el Departamento de Interior ha argumentado que respondió a «agresiones directas contra las líneas policiales, lanzamiento de objetos contundentes, barricadas con fuego e intentos reiterados de romper los cordones policiales», y que fue autorizado desde el centro de coordinación del dispositivo como una decisión técnica operativa ante una situación de urgencia. Así pues, la consejería apunta que los informes policiales han concluido que las actuaciones «se ajustaron a derecho».
