Entidades sociales, sindicales y de derechos humanos -Alerta Solidària, CGT Catalunya, la Coalición Prou Complicitat amb Israel (CPCI), la Confederación Sindical de Vivienda de Cataluña (COSHAC), la Coordinadora Obrera Sindical, Feministas Anticapitalistas de los Países Catalanes, IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya), Irídia – Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, La Intersindical, la Plataforma Antirrepresiva de Barcelona y el Sindicato de Inquilinas de Cataluña- han presentado un manifiesto en el cual se exige al Gobierno una moratoria inmediata y la posterior prohibición del uso del gas pimienta por parte de los Mossos d’Esquadra. En el comunicado, los firmantes denuncian que es «un arma lesiva y no selectiva» y que vulnera los derechos fundamentales y coacciona la protesta pacífica. Esta demanda pone presión al Gobierno que ya estuvo entre la espada y la pared tras su uso en las movilizaciones de octubre de 2025 en el marco de la huelga general por Palestina.
Precisamente el uso del gas pimienta por parte de los Mossos durante la huelga general por Palestina hizo que estas entidades presentaran una querella contra los Mossos el pasado mes de diciembre, una querella que se archivó y que ahora las entidades han recurrido. Además, las mismas entidades han presentado un recurso a la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública para exigir que Interior haga público el protocolo de uso de esta herramienta.
En declaraciones recogidas por la ACN Cèlia Carbonell Cassanyes, miembro portavoz de la Coalición Prou Complicitat amb Israel, ha querido recordar que desde el Estado español siguen existiendo «complicidades» con Israel y ha criticado que la respuesta del Gobierno fuera un “auge de la represión y la violencia” por parte de los cuerpos policiales. Las entidades, de hecho, denuncian que la utilización del gas pimienta por parte de los Mossos se hizo contra activistas “sentadas pacíficamente en el suelo” en la manifestación con el objetivo «de dividirla en dos”. Denuncian que “la mayoría de personas expuestas al gas pimienta renunciaron al ejercicio del derecho de manifestación” y que había “profesionales de la información” entre los afectados.
Los efectos del gas pimienta
La abogada y coordinadora de Irídia, Anaïs Franquesa, ha alertado que la utilización de gas pimienta por parte de los cuerpos policiales tiene una afectación directa sobre los derechos fundamentales de los manifestantes y se vulnera “el derecho a reunión, a manifestación, el derecho a huelga y también la libertad de información”. De hecho, Franquesa señala que la utilización de esta herramienta por parte de los cuerpos policiales no es “proporcional ni necesaria” y que no se trata de un arma inofensiva, ya que los efectos que tiene suponen que las lesiones graves puedan, como quemazón y dolor en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, escozor y dificultades respiratorias, fatiga visual, hipersensibilidad y migrañas, manifestarse hasta 33 días después de la exposición.
