Las últimas semanas no han sido fáciles para los bomberos de la sede del Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF) en Lleida. Este equipo de los Bombers de la Generalitat especializado en el análisis y prevención de incendios forestales se encamina a su desaparición a causa de la política de unificación de delegaciones que impulsa el Departament d’Interior, que pretende concentrar los efectivos de todo el territorio en 4 emplazamientos en vez de los 7 que funcionan actualmente, dos por demarcación con la excepción de Girona. Los ojos de todos los miembros miran al calendario, donde hay un día señalado en rojo: el 1 de enero del 2024. Esta es la fecha en la cual está previsto que cierre sus puertas la sede leridana, las funciones de la cual serán absorbidas por la de Tremp (Pallars Jussà).
«Tomar esta decisión con el contexto actual de sequía es un contrasentido. Nosotros somos una unidad de apoyo: analizamos los incendios para dar una respuesta táctica, buscamos los puntos críticos de cada zona y hacemos tareas de prevención. Si unificas las sedes, se perderá esta parte de conocimiento del territorio y todo el ámbito de poniente quedará debilitado», asegura Ivan Estévez, caporal del GRAF Lleida. Estévez es uno de los siete miembros del equipo de especialistas que tendría que trasladarse cerca de 86 kilómetros para poder continuar con su actividad, una distancia considerable que condicionará la capacidad de reacción de estos efectivos ante un fuego forestal. «Las primeras decisiones son clave cuando tienes un incendio. Si no detectas rápidamente qué puntos tienen más potencial, lo puedes pagar muy caro. Nosotros sabemos qué comportamiento tiene el fuego en la zona, donde puede crecer y por donde tenemos que atacar para hacerle daño», remarca.
Frente común sindical y la paradoja de la hoja de ruta
La cruzada iniciada por el GRAF de Lleida para evitar el inminente cierre de su sede ha recibido el apoyo de todos los sindicatos con representación en el cuerpo de emergencias catalán, que en un comunicado conjunto muestran su rechazo «profundo y unánime» a la decisión adoptada por la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS). Argumentan que esta política mengua la capacidad de respuesta de los especialistas, rompiendo con la planificación sobre el terreno de estrategias y mecanismos para prevenir incendios y desvaneciendo las sinergias creadas con diferentes actores del territorio como los ganaderos o los agricultores. También un grupo de ingenieros forestales de la Sección de Bosques y Recursos Forestales de Lleida del Departament d’Acció Climàtica se han posicionado en contra de la medida.
De hecho, la misma administración reconoce en su plan estratégico de cara al año 2030 que el cierre de sedes como la de Lleida generará un vacío territorial y por eso contempla la creación de una nueva delegación en un punto intermedio entre las dos existentes actualmente, que podría ser Montblanc (Conca de Barberà) o les Borges Blanques (les Garrigues). Tanto el equipo afectado como las agrupaciones sindicales han pedido precisamente a la Generalitat la aplicación de una moratoria a la clausura de la delegación leridana hasta que no esté terminado el nuevo emplazamiento a medio camino que pueda dar cobertura a los dos ámbitos, una medida que no ven con malos ojos. Actualmente, solo la sede gerundense tiene los efectivos para cubrir las 24 horas. El resto de emplazamientos están de guardia dos turnos por jornada, de forma que nunca hay dos sedes activas por demarcación al mismo tiempo.
El peligro de un gran incendio en Collserola
El caso de Lleida, sin embargo, no es aislado. Los equipos de las otras dos sedes del GRAF condenadas a desaparecer –Rubí (Vallès Occidental) y Reus (Baix Camp)- ven en el cierre de esta primera delegación un aviso para navegantes del futuro que les espera en los próximos años si no consiguen que el Govern cambie de posición. «Lo estamos viviendo con mucha tristeza e incertidumbre. Detrás no hay motivos económicos: somos equipos que cabemos prácticamente en un solo vehículo y que ocupamos una habitación en un parque de bomberos. Nosotros aceptamos la redistribución, pero antes se tienen que construir las nuevas sedes«, señala Àngel Bosch, caporal del GRAF Rubí.
Según la hoja de ruta marcada por Interior, los especialistas en fuego forestal de la demarcación barcelonesa pasarán a concentrarse únicamente en Manresa (Bages), una ubicación que dejaría especialmente desprotegida toda la parte de la segunda corona metropolitana y de la Serra de Collserola en caso de incendio. «La nuestra es la región más abandonada en el ámbito forestal. Cubrimos una franja muy extensa y, si no podemos crear zonas seguras porque no estamos, cuando nos toque actuar llegaremos tarde», insiste Bosch. El caporal considera que la dirección general del cuerpo está sacando los especialistas precisamente de aquellas zonas forestales donde son más necesarios porque hay más concentración de población, y alerta que ejemplos de fuegos virulentos como los vividos el verano pasado en Grecia o más próximos como el que quemó cerca de 225 hectáreas en 2021 alrededor de Martorell (Baix Llobregat) serán la tónica de los próximos años en Cataluña.
Renuncias colectivas por una «irresponsabilidad»
Una de las consecuencias que podría dejar este conflicto entre efectivos y mandos sería la renuncia de buena parte de los afectados a la especialidad. Actualmente, el cuerpo de los Bombers de la Generalitat cuenta con unas setenta personas formadas en el combate táctico y prevención de incendios forestales, una cifra que podría verse reducida prácticamente a la mitad si se ratifica el cierre de las tres sedes amenazadas, tal como alerta Lluís Artigas, miembro del GRAF Móra d’Ebre y exdelegado del sindicato COS. Tanto el equipo de Lleida como el de Rubí ya han decidido que en caso de hacerse efectiva su clausura renunciarán de manera colectiva a la especialización en señal de protesta, una situación que obligaría a Interior a promocionar nuevos efectivos, que no podrían incorporarse hasta pasado el mínimo de tres años de formación específica.
En la misma línea se pronuncia el delegado de CCOO, Marc Guix, que considera una gran «irresponsabilidad» deja perder el trabajo hecho hasta ahora por las unidades en una situación tan compleja como la actual. «Perder el GRAF de Lleida sería muy costoso. Necesitemos sedes muy distribuidas para poder dar respuesta al fuego durante la primera hora. Es en este primer momento cuando ves si el incendio superará la capacidad de extinción. En plena sequía y con la falta de gestión de los bosques, todo esto convierte el territorio en un polvorín«, afirma y remarca que estos especialistas son las únicas unidades habilitadas legalmente para la utilización del fuego como medio de extinción.
Un proceso imparable que no deja descubierto el territorio
Las advertencias tanto de los equipos afectados como de los sindicatos contrastan con el posicionamiento de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS). Fuentes de esta dirección consultadas por este medio confirman que la intención es proceder con el cierre de la sede de Lleida previsto para el 1 de enero del 2024, una decisión que se enmarca en el plan estratégico de redistribución de emplazamientos iniciado ahora hace unos años con la demarcación gerundense. Las mismas voces niegan que esta medida implique dejar descubierto un territorio, dado que el mismo trabajo que se ha hecho hasta ahora sobre el terreno lo asumirán entre el emplazamiento más próximo y la unidad técnica del GRAF con sede en Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental), que está abierta los 365 días del año.
Desde Interior puntualizan que estos especialistas no acostumbran a ser los primeros efectivos en llegar al lugar donde se está produciendo un incendio, de forma que no habría esta urgencia de estar cuanto más cerca del foco mejor, y señalan que las tareas preventivas de planificación y actuaciones como las quemas prescritas se seguirán coordinando desde esta unidad técnica central, que cuenta con «todas las variables y condiciones» para tomar estas decisiones estratégicas sobre el territorio. Sobre la clausura de los GRAF de Rubí y Reus, el Govern evita poner una fecha concreta y asegura que dependerá de las obras de adecuaciones que se tendrán que hacer a las delegaciones supervivientes.
El ejemplo «en precario» de Girona
Con el cierre de la sede leridana, la Generalitat sigue el camino iniciado el año 2021 con la unificación de las unidades gerundenses en el parque de Bomberos de Cassà de la Selva (Baix Empordà). La experiencia de esta primera prueba piloto, sin embargo, no parece haber sido del todo satisfactoria. «Estamos en precario. Hace dos años que esperamos unas obras de remodelación de las instalaciones. El verano pasado se tuvieron que poner barracones y algunos compañeros incluso han tenido que hacer las guardias desde casa por esta falta de espacio», explica Jordi Tomàs, caporal de GRAF Girona.
Tomàs considera que antes de proceder a clausurar delegaciones se tendrían que tener terminados los emplazamientos intermedios planificados para evitar disfunciones como las que se han detectado en el caso gerundense. También defiende la utilidad que supone contar con más delegaciones para tener un conocimiento preciso del territorio y del compartimento del fuego en este y a la hora de trabajar en red apoyando a otras sedes si se produce un gran incendio.
El posicionamiento contundente de la dirección general parece condenar al GRAF Lleida a una cuenta atrás inevitable. Aun así, los afectados no tienen pensado tirar la toalla. «Estamos indignados, pero animados. Tenemos la sensación que no saben el trabajo que hacemos. Si conseguimos al menos que el cierre no se replique con otras sedes, todo esto ya habrá merecido la pena», concluye el caporal Estévez.
