La entrada del nuevo ejecutivo de Salvador Illa en la Generalitat de Cataluña ha comportado el desplazamiento del debate sobre el eje social a un segundo término, mientras que lo que ha cogido el relevo en la primera llanura política ha sido el debate sobre el modelo hídrico de Cataluña. En rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo de la Generalitat, consejera de Territorio, Vivienda y Transición ecológica y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, anunció que el ejecutivo de Salvador Illa doblaría las inversiones que el Gobierno de Pere Aragonès presupuestó para combatir la grave sequía de los últimos meses. Unas inversiones que han levantado la sorpresa a las entidades ecologistas que miran con buenos ojos y con recelo, a la vez, las propuestas del nuevo Gobierno.
Precisamente la construcción, en este caso de la nueva desalinizadora que se instalará a la Costa Brava y las diversas inversiones en infraestructuras hacen que Dante Maschio, portavoz de la entidad ecologista Agua es vida, señale que el ejecutivo de Salvador Illa sigue «la estela continuista del gobierno Aragonés». Maschio, pero, sí que se muestra contento con que el nuevo Gobierno tenga como «una de las primeras líneas de acción sea la gestión del agua». A la vez, explica que «nos sorprende que se ponga sobre la mesa un paquete de infraestructuras, que la hoja de ruta sea poner más agua en el sistema», añade. Irene Gisbert, presidenta de SOS Costa Brava también señala la hoja de ruta del Gobierno, a pesar de que explica que la nueva política hídrica en Cataluña «es un tema estructural y complejo, y hay que debatir en calma». A la vez, pero, critica que «si la idea es conseguir agua para seguir creciendo no tiene ningún tipo de sentido».
La crítica también llega por parte de Greenpeace, el colectivo ecologista señala, en boca de Julio Barea, responsable de campaña de Biodiversidad de Greenpeace, que «se está parcheando y no se están poniendo dinero para resolver una situación que es estructural». «Estamos yendo al final de la cadena, no se analiza el problema de raíz, problemas como la demanda desorbitada o la contaminación», lamenta el activista que sobre las desalinizadoras señala que «cuando hay sequías lo tienen que hacer, pero por muchas infraestructuras que hagas el problema no desaparecerá, no tenemos agua, y la derivada de cambio climático indica que tendremos todavía menos agua». Barea, pero, explica que «las plantas desaladoras son una solución para llevar agua cuando lo hemos agotado y cuesta un dinero montarlas y mantenerlas».
¿Desalinización, una arma de doble filo?
La desalinizadora del Llobregat permite generar 60 HM3/año de agua de mar desalinizado, una agua que ha permitido que Cataluña paliara las consecuencias de la sequía y que la población estuviera menos castigada por las restricciones derivadas de las escasas reservas a los embalses. Dante Maschio, pero, denuncia que la desalinización tiene un peligro escondido, «multiplica por 15 el recibo del agua», exclama el portavoz de Agua es vida. Maschio no solo señala el supuesto impacto económico a los bolsillos de los catalanes, sino que además alerta que «la ósmosis inversa necesita mucha energía y puede agraviar posibles sequías». El encarecimiento del recibo es un aspecto que también señala Barea, puesto que «según la ley, estas infraestructuras tienen que ser sufragadas por los usuarios de esta planta, es decir, que esta agua la cobras y el agua desalada no es barata precisamente».
Julio Barea, responsable de campaña de Biodiversidad de Greenpeace, coincide con el análisis de Maschio, señalando que una desalinizadora «necesita mucho mantenimiento, es una fábrica» y destaca que hay muchos elementos como pueden ser las «cañerías, las bombas de presión, los elementos tecnológicos o las membranas de ósmosis inversa» que requieren este mantenimiento, de hecho Barea señala que para qué las membranas de ósmosis inversa funcionen correctamente se les tiene que aplicar «alguicidas y otros productos químicos». «Son instalaciones complejas», sentencia el activista ambiental.
Barea y Maschio piden que se apueste por «medidas más baratas» como la regeneración de agua, las cuales aseguran que tendrían un impacto ambiental, económico y energético menor a la desalinización, la cual definen como una energía «cara» en el aspecto energético.
David Saurí, profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona y miembro del Departamento de Geografía, recuerda que el mantenimiento de las plantas desalinizadoras requiere mucha energía. «Estos nuevos recursos que no dependen del clima tienen un requerimiento energético muy grande. La ósmosis inversa, que es inyectar agua a presión muy alta con un sistema de membranas necesita mucha energía y se habla, pero no se habla mucho», explica el profesor universitario que recuerda que «no hay nada que sea gratis, dependemos de unos recursos energéticos que no tenemos, que se tienen que comprar fuera o tenemos que alargar la vida de las centrales nucleares».
¿Apuesta el PSC por un cambio?
La rueda de prensa de Sílvia Paneque giró alrededor del cambio de modelo del ciclo del agua que tiene que hacer Cataluña, una frase que repitió en la suya visita a la desalinizadora del Llobregat. Este cambio de modelo propuesto por el ejecutivo catalán, pero, parece que no convence demasiado las entidades ecologistas, que cojan las declaraciones del Gobierno con pinzas, sobre todo si se compara con las acciones que vuelen llevar a cabo. Dante Maschio asegura que las nuevas medidas de la Generalitat son «una fuga hacia adelante con el modelo continuista» y acusa la administración de «no querer abordar el cambio de modelo necesario. «Sacan pecho de una política que no se sabe donde la harán», sentencia el portavoz de Agua es vida. La crítica al modelo del agua es compartida por Barea, que pide que la clase política abra los ojos y que sí «a la población hay que llevar agua, es prioritario, pero cuando hemos agotado todas las medidas y no se ha hecho nada, no se ha luchado contra vertidos, escapes, el uso enloquecido y usamos agua en un país que nos creemos la Noruega mediterránea y somos más bien la parte más seca de África, no podemos plantearnos seguir usando agua a
Barea, de hecho, pone énfasis en un problema concreto de Cataluña: «Perdemos mucha agua por contaminación. Los acuíferos catalanes están muy contaminados, un acuífero contaminado es casi imposible descontaminarlo, es como si tuvieras un embalse y lo hubieras dinamitado; hay que aplicar medidas previas antes de que construir este tipo de plantas desalinizadoras». El ‘cambio de modelo’ que presenta el PSC también es objeto de las críticas por parte de SOS Costa Brava. Irene Gisbert, la presidenta de la asociación, destaca que «las desaladoras tienen un alto consumo de energía, no tiene sentido hacer parques eólicos marinos en espacios protegidos, por qué se supone que no tenemos suficiente energía y construir desaladoras. Hay que ir a un modelo de decrecimiento». Gisbert carga contra la política de los socialistas y la futura construcción de la desalinizadora, medidas que señala que «sería la prueba que se han traspasado todos los límites y seguimos yendo hacia modelos insostenibles».
El ecologista de Greenpeace se muestra muy duro con el modelo económico que permite estos aspectos, carga contra la agricultura y ganadería intensiva, que según explica es la causante de una gran contaminación a los recursos hídricos catalanes y, a la vez, señala directamente el modelo turístico de Cataluña y el Estado español, donde señala que vinieron de turismo «85 millones de personas extranjeras durante el 2023», un modelo de turismo con el cual se hace una pregunta: «¿hasta cuando y hasta dónde? Hasta que se colapse el sistema y nos quedamos sin agua, y sin agua no puedes hacer nada».
