Colectivos ecologistas, sociales y vecinales han acusado la «falta de responsabilidad» de las administraciones para afrontar la sequía y han pedido que el Govern adopte «medidas urgentes» para reducir la pedida de agua. Estas críticas coinciden en un momento muy delicado por el medio ambiente en Cataluña, y es que se ha declarado la emergencia por sequía en el Sistema Ter-Llobregat.
Las organizaciones han impulsado la campaña ‘D’on no n’hi ha, no en raja’, y han reclamado cambiar el modelo actual «basado en suministrar este recurso a todos los sectores como si fuera infinito», los ecologistas apuestan para aplicar acciones hacia el turismo, la ganadería, o la industria, unos ámbitos que son de los que más gastan en Cataluña.

Críticas a la Generalitat y los ayuntamientos
Los denunciantes, entre los cuales hay entidades como Agua es Vida y Greenpeace, han criticado la «mala gestión» de la Generalitat de Cataluña en la aplicación del Plan Especial por Sequía (PESO), y señalan que los datos de consumo de las actividades económicas que tienen una concesión de agua de la Agencia Catalana del Agua no son públicas.
La modificación del PESO ha comportado críticas por parte de las entidades, puesto que aseguran que hay una actitud «interesada y partidista» y han señalado el PSC y Juntos, a quienes acusan de permitir el llenado de piscinas de hoteles y el atraso de las sanciones el pasado verano por culpa de las enmiendas a la Ley de Sequía.
Los ecologistas también han criticado el papel de los ayuntamientos del territorio catalán, que son quien tienen las competencias sobre el abastecimiento de agua potable y el alcantarillado en el ámbito municipal y señalan que «han rehuido de sus funciones en materia de agua«. Además, han destacado que solo el 7 de los pueblos y ciudades de Cataluña, los de más de 20.000 habitantes, tienen que contar con un Plan Municipal de Sequía, pero que solo uno de cada cuatro lo tienen activado.