El Servei Català de la Salut ha reconocido que las quejas por derechos lingüísticos no dejan de crecer a pesar de que la consejera de Salud, Olga Pané, quiera restarle importancia a la problemática. De hecho, desde principios de año ya se han registrado 179 quejas, una cifra que confirma la tendencia al alza de los últimos años y que hace fácil pronosticar que cuando termine el año se superará el máximo histórico, ya que las cifras no han dejado de crecer cada año. En el año 2022 se presentaron 233 quejas; en 2023, un total de 342 y el año pasado, 358.
Paralelamente, la misma Pané, en una respuesta por escrito a una pregunta de ERC sobre el número de denuncias por discriminación lingüística que ha recibido el Departamento de Salud desde septiembre de 2024, concreta que entre el 1 de septiembre de 2024 y el 30 de marzo de 2025, la Oficina de Atención Ciudadana del Servei Català de la Salut ha registrado un total de 218 reclamaciones por quejas lingüísticas en centros del Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT) y dos en centros privados, y anexan el listado con el detalle de cada caso, donde explica la causa de la discriminación lingüística y detalla si el caso está abierto o cerrado y qué medidas se han tomado (o no).
Cómo son las quejas por discriminación lingüística recibidas de septiembre de 2024 a marzo de 2025
De las 220 quejas que se recogen en el listado, hay 179 que son quejas efectuadas por catalanohablantes y solo 26 por castellanohablantes. El resto son quejas relacionadas con el lenguaje de signos o no se especifica el idioma. Los catalanohablantes exponen casos como que el médico les ha obligado a hablar en castellano, si querían ser atendidos, porque el profesional no entendía ni hablaba el catalán o que los documentos que ofrecía el centro sanitario solo estaban disponibles en castellano. Incluso, en el caso del Hospital Transfronterizo de la Cerdanya, solo estaban en francés.
Entre todos estos casos denunciados durante estos siete meses, que se pueden consultar en este listado, hay algunos especialmente graves. Por ejemplo, un paciente denunció una discriminación por parte de un doctor del Hospital Joan XXIII de Tarragona porque no lo quería atender si no hablaba en castellano. El expediente se cerró con una disculpa por parte del centro y afirmando que tendrían la reclamación en cuenta para tomar «las medidas que se crean oportunas». Otro caso, que aún está bajo investigación, ocurrió en el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil de Reus, cuando una psicóloga del centro que no entiende en catalán se negó a atender al paciente si este no se comunicaba en castellano. En Tordera, en el Maresme, el Equipo de Atención Primaria se negó a atender a un paciente en catalán, y Salud cerró el expediente después de que el centro agradeciera la queja y remarcara que se trató de un hecho aislado. Una situación similar se produjo en el EAP de Sant Andreu de la Barca, pero este caso aún está abierto.
«El español es el idioma oficial»
Un paciente del Parc Sanitari Sant Joan de Déu interpuso una queja porque un profesional del mostrador de información se negó a hablar en catalán porque «el español es el idioma oficial». Este caso también se cerró después de que el centro pidiera disculpas y explicara que tomarían medidas para recordar a su personal que deben respetar los derechos lingüísticos de los usuarios. Una situación similar se vivió en el EAP de Joanic, en Barcelona, donde un paciente reclamó que el enfermero no lo quiso atender en catalán diciendo que «están en España y no tiene por qué hablar catalán». Como en el caso anterior, este también se cerró agradeciendo la queja y trasladando la reclamación a los profesionales. La misma respuesta recibió la persona que interpuso una queja contra una enfermera del Hospital Universitari Vall d’Hebron que, según la queja, «hizo comentarios despectivos contra la lengua catalana y las personas que hablan catalán».
Un chat con comentarios despectivos contra el catalán
También hay una queja de servicios matritales por la existencia de un chat privado del centro donde los «profesionales de los servicios sanitarios hacen comentarios ofensivos contra la lengua catalana», pero la gerencia de gestión ciudadana dice que al tratarse de un chat privado no puede hacer nada.
En el CAP de Matadepera, se denunció que las sesiones de fisioterapia en grupo se hacían en castellano porque uno de los profesionales no hablaba ni entendía el catalán, un caso que sigue abierto. Además, uno de los dos casos que se recogen en centros privados es el que vivió Anna en el ‘Hospital Universitari Dexeus, y que El Món ha ido siguiendo. A pesar de los insultos que dejó por escrito el doctor en el informe médico que entregó a la paciente, Salud concluyó que no encontraron «elementos» para motivar un expediente sancionador.
Solo siete expedientes de inspección
Asimismo, durante este período, Pané informa que la Subdirección General de Evaluación e Inspección Sanitarias y Farmacéuticas ha tramitado un total de siete expedientes de inspección vinculados a reclamaciones lingüísticas que podrían haber afectado la asistencia sanitaria, y solo en dos casos se ha propuesto sanción. El primero se produjo en diciembre en el Hospital de Sant Celoni porque un profesional no quiso atender a un paciente en catalán. Este expediente se cerró el pasado 17 de febrero con una «propuesta de sanción por interrupción de la continuidad asistencial». El segundo tuvo lugar en el Policlínico de Rubí, cuando un profesional no quiso atender en catalán a un paciente en mayo de 2024. «Propuesta de resolución de expediente sancionador por no disponer de procedimiento para garantizar los derechos lingüísticos y por no dar respuesta a la reclamación interpuesta». Además, el reclamante se consideró «parte interesada».
