Roger ha denunciado haber sufrido una agresión verbal y haber sido expulsado de un autobús de la compañía Teisa por expresarse en catalán. Según consta en la denuncia presentada ante los Mossos d’Esquadra el pasado 8 de junio, a la cual ha tenido acceso El Món, los hechos ocurrieron el 3 de junio de 2026 en un vehículo que cubría el trayecto entre Cassà de la Selva y Girona. Los hechos los ha hecho públicos Acció Cassandra, que ha asumido la representación jurídica del afectado y ha iniciado el estudio jurídico del caso para impulsar las acciones penales pertinentes.
De acuerdo con la comparecencia policial, el incidente comenzó cuando el denunciante se dirigió en catalán a la conductora para pedirle que bajara el volumen de la música del autobús. La trabajadora, según el relato del denunciante, le habría respondido en castellano de «manera despectiva» y, posteriormente, le habría reiterado su negativa a atenderlo en catalán. A la discusión se sumó otra pasajera, que habría increpado a la víctima diciendo que se encontraba en «España» y que hablara en castellano, profiriendo insultos como “Gilipollas, no molestes a la conductora” y amenazándolo: «¿¡Quieres que te saque fuera del autobús a patadas?!». Ante esto, el denunciante regresó a su asiento para evitar que la situación escalara.
Expulsión antes de la parada
Siempre según la denuncia, cuando faltaban dos paradas para llegar al destino, el pasajero volvió a dirigirse a la conductora para comunicarle que estaba grabando la conversación y que tenía intención de denunciar el caso. En ese momento, la conductora le habría respondido nuevamente en tono despectivo, le habría reiterado que no lo quería atender en catalán y le habría indicado que bajara del vehículo. Entonces, la pasajera que había intervenido previamente lo habría empujado hacia la puerta, de manera que Roger terminó fuera del autobús antes de llegar a su parada.
El denunciante ha aportado a los Mossos d’Esquadra una grabación de esta segunda conversación como prueba documental y ha asegurado a la policía que en ningún momento insultó, agredió ni faltó el respeto a nadie. Más allá de la vía policial, el afectado también ha iniciado reclamaciones administrativas ante la misma empresa TEISA y la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).
La empresa alega que el aspecto lingüístico no fue el motivo principal de la discusión
Fuentes de la compañía Teisa han confirmado a este diario que la discusión se inició por el volumen de la música y han añadido que el aspecto lingüístico no fue el motivo principal de la discusión. Aunque admiten que la conductora no habla catalán porque, según remarcan, hace un año que vive en Cataluña, remarcan que la trabajadora tiene interés en aprender la lengua. Con todo, dejan claro que la conductora no expulsó al usuario ni se levantó de su asiento –los conductores tienen prohibido actuar por su cuenta y deben llamar a la oficina central o a la policía en caso de problemas graves–. Las mismas fuentes destacan que están haciendo un «esfuerzo importante» con protocolos y guías de conversación para fomentar el uso del catalán entre los conductores extranjeros. Asimismo, subrayan que las comunicaciones internas y externas se realizan en catalán. «Con el tema de la lengua no se nos puede reprochar nada porque lo fomentamos muchísimo», sentencian.
Acció Cassandra irá por la vía penal por discriminación
La entidad jurídica Acció Cassandra ha asumido formalmente la representación jurídica de la víctima y ya ha comenzado a estudiar el caso. La entidad considera en un comunicado que los hechos descritos superan «una simple incidencia en el servicio de atención al cliente y que podrían constituir un ilícito penal por discriminación, humillación y exclusión de un ciudadano en un servicio público por motivos lingüísticos». Por este motivo, el equipo legal encabezado por los abogados Lluís Gibert y Josep Rosell trabaja en la formulación de la acción penal correspondiente.
El Parlamento dejó pasar la oportunidad de garantizar el catalán en los buses interurbanos
Plataforma per la Llengua lamentó el pasado 20 de mayo que el Parlamento de Cataluña dejara pasar la oportunidad de incluir cláusulas lingüísticas en el decreto ley de prórroga de las concesiones de bus interurbano. La ONG del catalán explicó a este diario que previamente habían tratado la cuestión con PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP, y lamentó que ninguno de los grupos aceptara incorporar o exigir cláusulas lingüísticas al decreto. A posteriori, los grupos sí se han movido. Por ejemplo, los de Carles Puigdemont anunciaron una proposición de ley para modificar el reglamento e incorporar explícitamente que el personal del servicio tenga los mínimos de catalán, fijados en un nivel B1. ERC, por su parte, afirmó que tiene el compromiso del Gobierno de que las nuevas licitaciones incorporarán “expresamente” que las empresas concesionarias o gestoras del servicio “respetarán los derechos lingüísticos de los usuarios y garantizarán su uso en todas las relaciones derivadas de esta prestación del servicio”. La CUP, por su parte, lamentó que el decreto de prórroga no se tramitara como decreto ley, una decisión que evitó poder presentar enmiendas para incluir cláusulas lingüísticas.
