Victoria de Plataforma per la Llengua porque las prórrogas de las concesiones de autobús interurbano de Cataluña establecen obligaciones lingüísticas. Las empresas concesionarias de los servicios de autobús interurbano en Cataluña deberán garantizar los derechos lingüísticos de los usuarios y exigir un nivel mínimo de B1 de catalán a todo el personal de atención directa al público, incluidos los conductores. La decisión se conoce después de que Roger Busqué denunciara ante los Mossos d’Esquadra que fue expulsado de un autobús de Teisa tras sufrir catalanofobia y, posteriormente, en declaraciones a El Món defendiera que «la conductora me discriminó porque le hablé en catalán».
La reforma legislativa introducida a través de la ley de medidas de acompañamiento a los presupuestos afecta directamente a dos normas clave: la ley sectorial del transporte y el decreto que regula la continuidad de las concesiones vigentes. La nueva redacción establece que las empresas operadoras deben garantizar el ejercicio efectivo de los derechos lingüísticos de los usuarios y reconoce explícitamente que el catalán, como lengua propia de Cataluña, debe poder utilizarse con total normalidad en la prestación del servicio.
La ONG del catalán ha celebrado en un comunicado que esta reforma es un «avance significativo» para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía en un servicio público tan importante como el del transporte interurbano por carretera. Además, la entidad presidida por Òscar Escuder subraya que la nueva regulación «no se limita a formular una declaración de principios, sino que incorpora mecanismos concretos para hacer efectivo el derecho de los usuarios a ser atendidos en catalán».
Requisitos de acreditación y sanciones por incumplimiento
Uno de los puntos más destacados de esta modificación es que fija, por primera vez, un requisito concreto de acreditación lingüística. El personal que desarrolle tareas de conducción, inspección, información, atención a los usuarios o gestión de incidencias deberá acreditar, como mínimo, el nivel B1 de catalán. El cumplimiento de esta exigencia se considera una condición esencial para la prestación del servicio, y la normativa dota a la administración de mecanismos para aplicar medidas correctoras y sanciones en caso de incumplimiento.
Paralelamente, el texto vincula expresamente a las concesionarias a los principios de la legislación de política lingüística, blindando la atención oral, escrita y digital en catalán. Esta medida tendrá un impacto directo en las grandes operadoras del sector en Cataluña, como Moventis (Sarbus, La Vallesana, Sarfa), Sagalés, Monbus (Hispano Igualadina), Grup TGO, Hife, Plana, Teisa o Alsa (Alsina Graells).
Críticas a la inacción inicial del Gobierno
Aunque desde Plataforma per la Llengua se valora muy positivamente el resultado final, la entidad ha lamentado que el Gobierno no incorporara estas garantías de entrada. El pasado mayo, cuando el Parlamento convalidó el decreto de prórroga de las concesiones con los votos del PSC, ERC, Junts y el PP, el texto no incluía ninguna obligación lingüística, un hecho que podría haber perpetuado la desprotección de los usuarios hasta 2034. La entidad recrimina que fuera necesaria la denuncia pública y la búsqueda de otras vías legislativas para corregir una carencia que «debería haber sido prevista desde el primer momento». A pesar de todo, agradecen la receptividad de los grupos parlamentarios que han permitido enmendar la norma y confían en que este precedente se extienda al resto de contratos y concesiones públicas de la Administración.
