Plataforma per la Llengua ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) contra la empresa de oficinas y espacios de coworking Aticco, una empresa propiedad de tres socios catalanes, por despedir a una trabajadora por hablar habitualmente en catalán en su lugar de trabajo, en Barcelona. Según ha informado la organización en defensa de la lengua, la misma empresa hace explícito en la carta de despido que el uso del catalán constituía un «elemento negativo» en la conducta de la empleada. Asimismo, fuentes de la entidad han destacado que la empresa reclamaba a la trabajadora despedida que no hablara en catalán con la gente que trabajaba en el centro que Aticco tiene en la calle Tapineria, en el barrio Gótico.
Ante la gravedad de los hechos, la entidad ha solicitado a la Inspección de Trabajo que abra un expediente para investigar si Aticco ha impuesto el castellano como lengua obligatoria y ha limitado el uso del catalán. Asimismo, la ONG del catalán trasladará el caso al Síndic de Greuges de Barcelona y denunciará a la empresa en la Oficina de Protección de los Derechos Lingüísticos de la Generalitat, por incumplir la ley de política lingüística en materia de rotulación interior.
«La lengua oficial de Aticco es el castellano»
La trabajadora afectada ejerció como coworking manager en el centro que Aticco tiene en el Barrio Gótico de Barcelona entre mayo de 2025 y febrero de 2026. Según la denuncia, durante este tiempo recibió varias instrucciones y reprimendas por parte de su responsable para que abandonara el catalán en las comunicaciones profesionales, llegándole a asegurar que «la lengua oficial de Aticco es el castellano». Así, se le recriminó que el mensaje automático de ausencia del correo electrónico no incluyera el castellano y se le comunicó que no podía expresarse en lengua catalana: «La gente no te entiende”, le argumentaban. Aparte de estas situaciones, Plataforma per la Llengua carga contra la «impunidad total» de la empresa en la vulneración de derechos lingüísticos, ya que incluso se atreve a reconocer en la carta de despido que el uso de la lengua propia del país es una de las causas.
En esta carta, fechada el 20 de febrero, la empresa reprocha a la trabajadora formalmente haber iniciado conversaciones en catalán delante de terceros —como técnicos, compañeros o clientes—, aunque el interlocutor la comprendiera, o haber mantenido el catalán como lengua principal en mensajes automáticos corporativos de correo electrónico (redactados en catalán e inglés). También le recrimina haber respondido en catalán a una persona que se había dirigido a ella en castellano y haber mantenido el catalán como lengua principal en determinadas comunicaciones profesionales. Entre los ejemplos que aporta la empresa, figura un mensaje automático de respuesta de correos, redactado en catalán e inglés.
Infracción de la legalidad laboral y lingüística
Plataforma per la Llengua considera intolerable la actuación de la empresa de coworking y sus servicios jurídicos señalan que penalizar el uso de la lengua propia de Cataluña vulnera el artículo 6 del Estatuto de Autonomía, que reconoce el catalán como lengua propia y oficial, así como los artículos 4 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, que prohíben taxativamente la discriminación lingüística en el ámbito laboral y declaran nulos los actos discriminatorios del texto empresarial. Esta actuación también contraviene el artículo 4 de la Ley de política lingüística de Cataluña. Aparte de la vía laboral, la empresa también ha sido denunciada por excluir el catalán de la información fija dirigida a los trabajadores (rótulos y avisos internos), que Aticco ofrecía exclusivamente en castellano e inglés, lo que infringe el artículo 36.4 de la normativa lingüística catalana.
La víctima afirma que «ningún cliente» le recriminó nunca el uso del catalán
La víctima de la discriminación asegura que «ningún cliente» le recriminó nunca el uso de la lengua, sino que la presión provenía del equipo interno: «Ya no me puedo expresar en catalán», lamenta en declaraciones difundidas por la Plataforma per la Llengua. La afectada ha optado por recurrir a la Inspección de Trabajo en lugar de emprender una demanda laboral tradicional. De esta manera, se busca una «vía transformadora» de carácter colectivo que obligue a la empresa a adoptar medidas correctoras estructurales para que no se repitan situaciones similares.
