El reciente y polémico caso de Aticco en Barcelona, que ha sido denunciado por Plataforma per la Llengua tras haber despedido a una trabajadora por hablar en catalán, no es un hecho aislado. Según datos de la ONG del catalán a los que ha tenido acceso El Món, las quejas y denuncias por discriminación lingüística en el entorno laboral en Cataluña y en el resto de los Países Catalanes no han dejado de crecer de manera sostenida desde el año 2020. En algunos de los casos, los denunciantes detallan la catalanofobia que han sufrido en el trabajo con frases como «¿Tendremos problemas contigo por el catalán?», «Mejor vamos a hablar en español, ya que Cataluña es España» o «en castellano porque estamos en España”, entre otras.
La tendencia al alza desde hace seis años es incontestable. En 2020 se registraron tan solo tres casos de discriminación lingüística en el ámbito laboral, una cifra que se elevó a cuatro casos en 2021, pasó a seis en 2022 y saltó a nueve en 2023. El gran boom se vivió en 2024, cuando se alcanzaron las 14 denuncias, y el pasado 2025 se cerró con 15 casos de discriminación laboral documentados. Lejos de frenarse, este 2026 –con datos actualizados hasta el pasado 8 de julio– ya acumula ocho casos en poco más de seis meses, lo que apunta a un nuevo año negro para los derechos lingüísticos de los trabajadores catalanes.
El coordinador de Empresa y Consumo de Plataforma per la Llengua, Xavier Dengra, asegura, en conversación con El Món, que «nos encontramos ante un pico de catalanofobia que se cree impune», sobre todo en el caso de Aticco, que lo dejó por escrito en la carta de despido. Apunta que las empresas normalmente ya saben cómo actuar para «intentar ocultar las discriminaciones bajo excusas contractuales». Y considera que este incremento de denuncias que ha recibido la entidad responde a una doble realidad. Por un lado, señala una mayor gravedad y frecuencia de los episodios hostiles; y, por otro, una «toma de conciencia colectiva» de los trabajadores que han decidido plantar cara y no dejar pasar ninguna vulneración. La discriminación lingüística en el ámbito laboral empieza a salir del armario.
Un camino nada fácil porque muchas veces el trabajador se juega el trabajo
Dengra recuerda que el camino no es fácil: «Hay una falta de simetría real entre el trabajador y la empresa; muchos afectados se juegan el salario a fin de mes y tienen miedo de represalias o de quedar marcados». De hecho, desde la entidad evitan al máximo la revictimización de los denunciantes y priorizan su protección por encima de la exposición pública como, por ejemplo, con el caso de Aticco, donde han guardado la identidad de la trabajadora despedida. Sin embargo, uno de los problemas que encuentra la entidad a la hora de emprender acciones es que el trabajador no quiere facilitar el nombre de la empresa o iniciar un litigio por miedo a represalias.
Además, el portavoz de la ONG del catalán señala que el fenómeno responde claramente al modelo socioeconómico actual. Los sectores con trabajos de perfil más bajo o externalizados como, por ejemplo, la hostelería, el turismo o la gestión de residencias de ancianos actúan como un auténtico «caldo de cultivo» donde se maltrata sistemáticamente tanto al trabajador como al cliente o al usuario que quiere expresarse en catalán. Para resolverlo, la entidad exige a la administración que la Inspección de Trabajo no actúe solo a posteriori cuando estalla un escándalo mediático, sino que se incorpore la fiscalización lingüística de forma preventiva en todas sus inspecciones rutinarias.
Los casos de 2026 y los más destacados desde 2020
De acuerdo con los registros internos de Plataforma per la Llengua a los que ha tenido acceso este diario, estos son los 7 casos detallados de discriminación lingüística –con el de Aticco hacen ocho– en el entorno laboral reportados a lo largo del año 2026. De las 8 denuncias interpuestas este año, siete se han tipificado como graves por parte de la entidad, ya que implicaban directamente el uso de la violencia verbal, amenazas de pérdida de empleo, vetos corporativos o el despido directo del empleado, como en el caso de Aticco.
Estos son los casos denunciados desde principios de año y algunos de los más destacados desde 2020:
- Hotel Sunway (Garraf): Una trabajadora no nacida en Cataluña, que aprendió el catalán como segunda lengua, denunció haber sido despedida después de dirigirse a un cliente en catalán. Su jefa le exigió que no lo hiciera porque «no lo entendían». Meses más tarde se ejecutó su despido bajo el pretexto de «desautorización».
- Residencia Domus Vi Palma (Mallorca): Un caso de seguimiento que proviene del año anterior. El denunciante señala que, aunque los letreros fijos originales de la residencia se colocaron de forma bilingüe hace veinte años, todos los nuevos comunicados y avisos que se cuelgan de manera habitual para informar a los usuarios se hacen exclusivamente en castellano.
- Residencia DomusVi Lleida (Segrià): Una trabajadora fue gritada y humillada públicamente por una compañera de la misma categoría por haber dejado una nota escrita en catalán en la cocina. También le colgaban el teléfono en llamadas internas por hablar en catalán. Cuando la afectada pidió a la dirección del centro utilizar el canal interno de denuncias, la directora le pidió que no lo hiciera para no perjudicarla y le espetó que «allí se venía a trabajar y no a dar clases de catalán».
- Tienda de material de arte (Barcelona): Un mozo de almacén en período de prórroga de contrato fue increpado por la secretaria de la empresa –el denunciante no ha facilitado el nombre- ante el encargado. Se le acusaba de «faltar al respeto» a los clientes castellanohablantes por atenderlos inicialmente en catalán, aunque él asegura que se adaptaba si hacía falta. Al día siguiente, la misma trabajadora le amenazó diciéndole que «se preparara si seguía con esa conducta», lo que le hace temer la no renovación del contrato.
- Centro de investigación público (Barcelona): Una responsable de un centro de investigación –dependiente de la Generalitat, pero que no se revela su nombre– cargó contra un trabajador por usar el catalán por defecto en sus comunicaciones escritas con un investigador que no había expresado ningún problema de comprensión. Después de que el empleado se negara a cambiar sistemáticamente al inglés si no había problemas de entendimiento, la responsable escaló el caso a gerencia y dirección para presionar a su jefe y forzarlo a abandonar la lengua propia. El comité de empresa tuvo que intervenir.
- Empresa de servicios (Vallès Oriental): Un superior jerárquico (que es catalanohablante) prohibió expresamente a un trabajador de una empresa de Montornès del Vallès dirigirse en catalán a un nuevo compañero de trabajo de origen colombiano que llevaba dos años residiendo en Cataluña. El jefe obligó a usar exclusivamente el castellano argumentando que era «decisión suya aprender catalán», y no de la empresa, dejando al trabajador en una situación de indefensión.
- Entidad Financiera (País Valencià): Un empleado de una sucursal bancaria en Gandia, de la cual se mantiene en anonimato el nombre, denunció que su responsable regional ha prohibido totalmente el uso del valenciano en el chat del equipo de Microsoft Teams (herramienta interna de trabajo). La decisión se tomó a raíz de la queja de un único compañero de la zona de Alicante, vetando el derecho del resto de compañeros de las comarcas centrales a expresarse en la lengua propia en las comunicaciones internas escritas.
- Restaurant Viena (Andorra, 2025): Despido de un empleado por hablar catalán en el lugar de trabajo. La empresa alegó que sus compañeros se habían visto obligados a aprenderlo «por su culpa», ya que él se negaba a cambiar de lengua.
- Ceramicaria Gràcia (Barcelona, 2025): Una joven trabajadora de fin de semana recibió advertencias como «¿Tendremos problemas contigo por el catalán?«. Al confirmarse que hacía las explicaciones en catalán a los clientes de forma puntual, fue despedida al día siguiente por «no cumplir el perfil». Tras algunas críticas en Google, la familia recibió un burofax de la empresa amenazando con acciones legales.
- Amazon – Zona Franca (Barcelona, 2025): El conductor de una subcontrata de reparto de alimentos fue amenazado por el encargado de muelles de descarga: «Mejor vamos a hablar en español, ya que Cataluña es España (…). ¿Qué pone en tu DNI?» o, en caso contrario, tendría que marcharse con toda la mercancía. El chófer pudo grabar la discusión.
- Escuela: Una administrativa de una escuela que se mantiene en el anonimato, y ni siquiera detalla el municipio, decidió llevar su caso a los tribunales tras sufrir un acoso constante y reiterado en su entorno laboral por parte de una persona que la instaba a “hablar en castellano porque estamos en España”; una decisión judicial que la trabajadora ha tomado de manera firme después de haber agotado primero las quejas formales internas dentro del centro educativo sin obtener ninguna solución.
- Prosegur Avos – subcontrata de Emaya (Mallorca, 2024): Un trabajador ganó el juicio por despido improcedente después de que su coordinador le obligara a borrar de forma sistemática todos los avisos que introducía en catalán en el programa informático SAP para traducirlos al castellano por órdenes impuestas por la dirección.
- Temps Barcelona – Empresa de eventos (2024): Una trabajadora fue increpada por una compañera por dirigirse a ella en catalán. La empresa la vetó para futuros eventos argumentando falsamente que había «tratado mal a los compañeros» por no haber accedido a cambiar al castellano.
- Grupo Sifu (2024): Un trabajador fue amonestado y finalmente despedido de la empresa tras negarse a redactar de forma obligatoria todos sus informes internos de trabajo en castellano.
