En medio de un contexto en el que las discriminaciones lingüísticas no dejan de crecer en Cataluña, Plataforma per la Llengua anunció este lunes que ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el Departamento de Salud por haber rechazado abrir un procedimiento administrativo sancionador contra la médica que en diciembre del año 2023 discriminó a una paciente por hablar en catalán en el servicio de urgencias del Hospital Germans Trias i Pujol, conocido como Can Ruti, de Badalona. Así lo anunció la ONG del catalán en un comunicado, donde recuerda que había presentado un recurso de alzada a la Subdirección General de Evaluación e Inspección Sanitarias y Farmacéuticas, porque la Unidad de Atención al Ciudadano del hospital había archivado la denuncia, pero este recurso de alzada también ha sido archivado. La organización que preside Òscar Escuder, además, deja claro que «irá hasta el final para que se abra un expediente sancionador, se investiguen los hechos y, si son constitutivos de falta, se sancionen».
Los hechos se remontan al 14 de diciembre del año 2023 cuando una usuaria de las urgencias del hospital, y su acompañante, una vez dentro de la consulta, se dirigieron en catalán a la médica y ella los interrumpió y les obligó a hablar en castellano. «Hablen en castellano», les espetó. Según el relato de la paciente, ella se negó, pero la profesional sanitaria insistió hasta echarlos de la consulta, diciéndoles que ya los atendería alguien que entendiera el catalán. A pesar de esta última indicación, y siempre según el relato de la víctima de discriminación lingüística, la médica no llamó al coordinador del Servicio de Urgencias para derivarlos a otro profesional. Ya fuera de la consulta, la paciente y su pareja se dirigieron al Servicio de Admisiones para solicitar que llamaran al coordinador, pero el personal que trabajaba allí se negó, y solo les dieron la opción de rellenar una hoja de reclamaciones. Para conseguir ser atendida, y a pesar de haber hecho ya el triaje y esperado tres horas previamente, tuvieron que esperar dos horas más hasta que, finalmente, otra médica los atendió.
La entidad en defensa de la lengua considera que estos hechos vulneran los derechos lingüísticos de la paciente y creen que la médica podría haber cometido varias faltas administrativas. De hecho, la entidad afirma que la conducta de la profesional sanitaria podría ser considerada «una falta muy grave» –según el artículo 115 del Decreto legislativo 1/1997–, dado que habría infringido la Ley 19/2020, del 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación, y la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. Plataforma per la Llengua ha asesorado a la paciente desde el momento que denunció el caso de discriminación lingüística y continúa «presentando batalla legal, ahora en instancias superiores, porque hasta ahora por la vía administrativa no se ha conseguido abrir un expediente administrativo para que se investigue la conducta de la facultativa, a pesar de haber explorado todos los recursos a disposición». Ahora, la entidad ha decidido abrir la vía judicial para conseguir que se esclarezcan los hechos.
Plataforma per la Llengua critica la actuación de Can Ruti
Con todo, Plataforma per la Llengua se muestra crítica con la actuación de Can Ruti porque a pesar de admitir que la situación denunciada «no era tolerable» y reconoció carencias en la atención a la usuaria, «consideró que con promesas de mejoras como la creación de un Comité Multidisciplinario de Dinamización Lingüística sería suficiente para cerrar el caso». Así, la entidad en defensa de la lengua critica que el centro hospitalario no haya querido abrir un expediente sancionador contra la médica porque considera que no actuó con voluntad discriminatoria. Sin embargo, la ONG deja claro que «es necesario abrir este expediente justamente para estudiar el caso a fondo».
Las quejas por discriminación lingüística crecen en la salud pública
Las quejas por discriminaciones lingüísticas en el ámbito sanitario continúan creciendo y son las más frecuentes de las que se producen en las relaciones con la administración pública, y, según los últimos datos de Plataforma per la Llengua, que adelantó El Món, en el año 2024 crecieron un 14,17% respecto al año anterior. La entidad recibió un total de 282 –257 en Cataluña, 14 en la Comunidad Valenciana y 11 en las Islas Baleares–. En el caso de Cataluña, las quejas en el ámbito de la salud pública crecieron un 17,7% en 2024, y pasaron de 130 a 153, y un 10,64% en cuanto a la sanidad privada, de 94 a 104.
La ONG del catalán reclama a la Generalitat que haga cumplir la ley
Plataforma per la Llengua reclama a la Generalitat que haga cumplir la ley y aplique, si procede, el régimen sancionador previsto para poner fin a las discriminaciones lingüísticas también en el ámbito sanitario. En este sentido, pide poner el foco «en el uso de la lengua y no solo en su conocimiento» porque, según remarca la ONG del catalán, la lengua no puede ser «un mérito ni depender de la buena voluntad de los facultativos, sino que debe ser un requisito a la hora de ejercer». Así, la entidad propone a la Generalitat impulsar el catalán en la sanidad con cuatro medidas concretas: sesiones obligatorias de asertividad lingüística, exigencia del B2 de catalán el primer año, acreditación del C1 el segundo año y un tratamiento correcto de las quejas por vulneración de derechos lingüísticos con la apertura de expedientes y la aplicación de sanciones cuando corresponda.
