La oficialidad del catalán en la Unión Europea (UE) puede ser una realidad una semana y un día después del 11 de septiembre. La negociación de Junts per Catalunya con el PSOE para pactar la constitución de la Mesa del Congreso, provocó que el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Albares, enviara una carta al Consejo de la Unión Europea solicitante la modificación del reglamento 1/1958 que regula el régimen lingüístico para incluir como lenguas oficiales de pleno derecho el catalán, el vasco y el gallego, aprovechando que ahora España ostenta la presidencia del Consejo de la UE. La medida podría aprobarse el 19 de septiembre durante la próxima reunión del Consejo, que presidirá Pedro Sánchez en Bruselas, pero hace falta que los 27 estados miembros voten a favor. Es decir, que aprueben la decisión por unanimidad y aquí es donde el ejecutivo español, si de verdad tiene interés para que la medida salga adelante, tendrá que negociar con el resto de estados para llegar al día 19 con la unanimidad asegurada.
En caso de que se apruebe, el siguiente paso a hacer sería publicar el acuerdo en el Diario Oficial de la Unión Europea y enmendar el reglamento 1/1958 incorporando el catalán, el vasco y el gallego como idiomas oficiales. Sí que es cierto que se tendrá que fijar un periodo de adaptación hacia la plena normalidad de las tres leguas para hacer efectivo el despliegue técnico y contratar los traductores e intérpretes necesarios. Técnicamente, no hay nada que impida que el catalán pueda acontecer oficial en la Unión Europea. Así lo afirma Vicent Climent-Ferrando, experto en política lingüística a Europa, profesor de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y autor del informe
Por otro lado, la vicepresidenta de la Plataforma por la Lengua, Mireia Plana, califica de «positiva» la propuesta del ejecutivo español porque «es una necesidad para una lengua que es un caso único a Europa, sin estado propio, pero con diez millones de hablantes«. Plana, además, reclama que se haga público el memorándum de la petición para saber «exactamente qué se ha pedido y en qué condiciones» se ha hecho. En este sentido, expone que «otras veces han dicho que se ha pedido y no era cierto», y recuerda que en 2004 dijeron que habían pedido la oficialidad y solo requirieron «un estatus especial para el catalán».
Ni la Constitución española ni el reglamento de la UE lo impide
El artículo 3 de la Constitución española deja claro en el punto 1 que el castellano es la lengua española «oficial del Estado» y el punto 2 establece que el catalán, el vasco y el gallego «serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos». Es decir, «el Estado español es un país oficialmente monolingüe y deja que las comunidades fijen sus criterios» respecto al catalán, vasco y gallego.
Sobre esto, Climent señala que desde el punto de vista técnico esto no es ningún impedimento porque el artículo 1/1958 del Consejo de la Unión Europea no dice en jefe de los ocho artículos que sea «obligatorio que sean lenguas oficiales del Estado». De hecho, el experto subraya que el artículo 1/1958 establece que «las cuatro lenguas en que ha sido redactado el Tratado son reconocidas como lenguas oficiales cada una de ellas en uno o varios estados miembros». Por lo tanto, esta preposición cambia el sentido y, a parecer suyo, «aquí podríamos tener un argumento a favor nuestro porque dice “en” y los Estados no se pueden enganchar en este matiz».
Abrir la caja de pandora
Aun así, Vicent Climent cree que el quid de la cuestión será «como interpretan este reglamento» para que «políticamente sea el que los interesa a Europa» y apunta que algunos países podrían alegar que las tres lenguas no son lenguas oficiales del Estado español. En este sentido, muestra sus dudas sobre las posibilidades que todos los países miembros lo acepten –la propuesta caería si solo uno vota en contra– porque, según él, «no quieren abrir cajas de pandora con otras comunidades».
Aquí, según señala, es donde el Estado español tiene que hacer «muchos pasillos» para garantizar el sí de todos los estados antes de la votación. Un argumento que comparte la vicepresidenta de la Plataforma por la Llengua que reclama en el Estado español que «demuestre de una vez que es un estado plurilingüe» y que haga las negociaciones que «haya que hacer con el resto de países» para llegar al día 19 «con el trabajo hecho» y la unanimidad de todos los estados miembros. Y si la propuesta no prospera, desde la ONG del catalán reclaman en el gobierno español que «continúe trabajando porque esto sea posible y, por lo tanto, lo lleve al TJUE o allá donde haga falta».
Climent advierte que «si Europa y los Estados abren la puerta a tres comunidades lingüísticas minorizadas a entrar después lo reclamarán los corsos, o los ladinos, o los friulanos o, todavía peor, los rusófilos en Estonia, que representen el 40% de la población. Si tú abres la veda a esto, tienes un gran problema» porque, según él, podría provocar «el efecto bola de nieve». «Técnicamente, si tú te miras la letra, no hay nada que te diga que es imposible, pero políticamente es una bomba de relojería para Europa», concluye.
Pero aquí, según el profesor de la UPF, vuelve a haber argumentos a favor porque el catalán es oficial en Cataluña, en las Islas Baleares y en València. En cambio, el corso no es oficial en Córcega, el bretón no es oficial en Bretaña, el ruso no es oficial en Estonia. «Entonces, puedes diferenciarlo porque en un territorio es oficial y en otros no», pero la parte negativa, alerta, es que «comienzas el melón que puedan reclamar la oficialidad en su territorio».
¿Qué beneficios aportaría la oficialidad?
La ONG del catalán tiene claro que la oficialidad de la lengua le otorgaría «un prestigio y un estatus que ahora no tiene en el ámbito europeo y que favorecerá la protección de esta lengua». Además de permitir que las decisiones del Consejo se publicaran en catalán o que los europarlamentarios se puedan expresar, Plana remarca que la oficialidad también permitiría que «el etiquetado de los productos europeos sea en catalán, que los catalanoparlantes se puedan dirigir a las instituciones europeas en catalán, permitirá que la normativa europea se publique también en catalán».
Vicent Climent añade que la medida afectaría al Europass, un modelo de curriculum vitae con la plantilla europea, que actualmente está disponible en todas las lenguas oficiales, y también en noruego, islandés y turco, que no son Unión Europea, «pero no el tenso disponible en catalán», lamenta. Además, daría acceso a «memorias de traducción asistida» de inteligencia artificial. Es decir, actualmente el catalán tiene millones de textos preparados, pero el sistema eTranslation no te permite hacerlo en catalán.
«El catalán tiene muchos más hablantes que muchas lenguas que ahora son oficiales en la UE y solo por eso ya estaría justificado que fuera lengua oficial. No va de Estados, va de número de hablantes y de derechos lingüísticos, va de derechos humanos elementales, del derecho que tienen los ciudadanos europeos a dirigirse a las instituciones europeas y del derecho que las instituciones europeas legislen en esta lengua», defiende Mireia Plana.
El precedente del irlandés
La última lengua al conseguir el estatus de oficial de pleno derecho, en cambio, fue el irlandés, a partir del 1 de enero de 2022. A pesar de que la República de Irlanda es un estado miembro desde 1973, solo en 2007 -a petición de Irlanda- este idioma aconteció lengua oficial y de trabajo en la UE con un “régimen restringido” y en 2015 Irlanda pidió al Consejo que el irlandés aconteciera lengua de pleno derecho, pero de forma progresiva, según explica Vicent Climent, para poder adaptarlo despacio. «Se dieron un tiempo que no todo estaría en irlandés y se iría incorporando despacio a medida que tuvieran gente formada en traducción en irlandés», detalla.
Este proceso, que se ha ido demorando excesivamente preocupa a la Plataforma por la lengua, que estará «atenta» porque esto no pase con el catalán, a pesar de que considera que «el caso del gaélico no es el caso del catalán y esto no tiene por qué reproducirse». Plana cree que «se han querido presentar como trabas todas las cuestiones técnicas cuando esto no tiene que representar una traba. En el caso del gaélico se ha demorado excesivamente y nosotros, si esto se aprueba, estaremos atentos ha insistido que esto se haga efectivo cuanto antes mejor porque una parte del futuro de la lengua rae en el hecho que sea de utilidad», sentencia.
