La ONG del catalán se ha unido a la iniciativa Giving Tuesday, un movimiento global para multiplicar las acciones altruistas justo después de una fecha tan consumista como es el Black Friday. La Plataforma por la Lengua pide así micromecenazgos por la lengua, es decir, donaciones de la ciudadanía para que la entidad pueda ampliar el servicio de asesoramiento legal para las víctimas de discriminaciones lingüísticas. La entidad cada vez gestiona más quejas –un 443% más que hace siete años- y necesita más recursos para poder hacer frente a las discriminaciones lingüísticas que se producen en los Países Catalanes y que, previsiblemente, continuarán aumentando ahora que la ultraderecha ha llegado a algunos gobiernos.
El catalán está lejos de ser una lengua normalizada y el hecho de que gobiernen PP y Vox en las Islas Baleares y en el País Valenciano no ha hecho más que empeorar la situación. De hecho, las primeras ofensivas contra la lengua que han hecho han girado en torno a la sanidad y la educación, así como la eliminación de las herramientas de garantía de los derechos de los catalanoparlantes. El gobierno valenciano, por ejemplo, pretende cerrar la Oficina de Derechos Lingüísticos, y el gobierno balear quiere crear la Oficina de Libertad Lingüística, el primer paso para la eliminación del catalán como requisito para trabajar a la administración pública.
Todos los recursos que obtenga la entidad en este Giving Tuesday irán destinados a financiar el proceso de asistencia legal y acompañamiento a las víctimas de discriminaciones lingüísticas. La ONG del catalán apunta que con más recursos se conseguirán también más casos de éxito, el más reciente de los cuales la readmisión de la trabajadora que Veritas despidió para dirigirse en catalán a los clientes.
El proceso desde que se recibe la queja
El funcionamiento del servicio de quejas de la entidad es el siguiente: primeramente se atienen las quejas presentadas, se hace un análisis del caso, se asesora la víctima y se hace un seguimiento posterior de su expediente en toda la vía administrativa. También se redactan reclamaciones, alegaciones y se interponen recursos si son necesarios. Si hace falta, también se contrata un abogado y un procurador. Por último, se diseña un plan de mejora y acompañamiento para la empresa o administración que ha cometido la discriminación lingüística y se hace difusión a los medios.
