La consejera de Educación, Anna Simó, ha anunciado este lunes el despliegue del plan de fomento de la lengua catalana en los centros educativos que incluye la asunción de la responsabilidad de los proyectos lingüísticos por parte de la consellería. Dentro de este plan se incluye un proyecto de decreto que desde este lunes hasta el 15 de septiembre está disponible para que la ciudadanía haga aportaciones. «La oleada reaccionaria de la ultraderecha y de la derecha que ha asumido sus postulados va avanzando y allá donde tienen capacidad de gobernar arrinconan el catalán. Por eso consideramos indispensable rearticular un modelo de defensa de la escuela catalana«, ha explicado Simó. El plan que se ha presentado este lunes recoge el mandato del Parlamento de Cataluña y del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de proteger el catalán a las aulas. El objetivo, ha explicado, es que el catalán sea el eje a partir del cual se articulan los proyectos de los centros.
Este plan consta de diez puntos, el segundo del cual es el decreto que el Gobierno está trabajando para desplegar la ley de educación de Cataluña. El decreto concretará como elaborar, aprobar y evaluar los proyectos lingüísticos de los centros. Para que las direcciones estén protegidas ante las «injerencias» de los tribunales españoles, el decreto establece que la responsabilidad de los proyectos lingüísticos será de la consellería y no de las direcciones. Los planes lingüísticos, además, no se podrán cambiar con el curso escolar ya empezado y el decreto prevé medidas para garantizar el cumplimiento de los proyectos. También garantizará que todos los alumnos logren competencias en tres lenguas y se remarcará la vehicularidad del catalán. Por último, el decreto prevé instaurar el requerimiento del C2 de catalán para acceder a la función pública docente a partir del curso 2025.
Los otros puntos del decreto
Otras medidas tienen que ver con el incremento de los recursos de acogida del alumnado recién llegado a partir del 2024, la promoción de la investigación en prácticas educativas que favorecen la adquisición precoz de la lengua y la mejora de la competencia lingüística en catalán del profesorado. «Hemos puesto más de 4.500 plazas de formación para los docentes y el curso 2024-2025 se pondrán 5.500 plazas más», ha explicado la consejera. Otro ámbito donde se promoverá el catalán es a las familias. El decreto pretende incentivar la formación lingüística de las familias desde el consorcio para la normalización lingüística. «Conseguir la normalización lingüística a las familias es clave», ha insistido la consejera.
El decreto contempla la creación de una plataforma de contenidos audiovisuales educativos en catalán. «Esto tiene que servir en los centros y las familias para disponer de contenido fiable en lengua catalana y se hará junto con la CCMA», ha explicado Simó, que se ha preguntado por qué no se ha hecho hasta ahora si en otros países se tienen plataformas de este tipo.
También se introducirán nuevos contenidos y habilidades en gestión y tratamiento de la diversidad lingüística al máster de profesorado de secundaria, se desplegarán los talleres de los usos lingüísticos en el ámbito educativo y se fomentará el análisis de los datos relacionados con la competencia lingüística del alumnado. Por último, se reimpulsarán los planes educativos de entorno para trabajar con los ayuntamientos por «el éxito educativo y la cohesión social» de los alumnos en los municipios.
Respuesta a la resolución del TSJC
Esta es la respuesta del Departamento a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del pasado miércoles con que se estimó parcialmente la petición de los demandantes a tres centros de Cataluña. Así, en tres centros más, el TSJC ha blindado la sentencia del 25% al considerar que los demandantes «tienen derecho que la escuela proporcione una enseñanza efectiva y equilibrada en lengua castellana que comprenda, como mínimo, además de la asignatura de castellano, otra área, materia o asignatura troncal». La consejera Simó ha lamentado que «el TSJC hace política entrante en campaña electoral para modificar de facto el que la soberanía del Parlamento ha acordado». «Defenderemos jurídicamente y judicialmente nuestro modelo ante los altos tribunales», ha prometido.
Esta resolución y el decreto que ha anunciado el Gobierno llegan a la espera que el Tribunal Constitucional se manifieste sobre la reforma legal impulsada por el Parlamento de Cataluña y el decreto del Gobierno para blindar el catalán como lengua vehicular. La sentencia podría confirmar la sentencia del 25% y obligar todos los centros de Cataluña a añadir una asignatura troncal en catalán.
